Acuerdo entre Costa Rica y EE. UU. para recibir migrantes fue verbal, afirma Canciller
Arnoldo André reconoció que los detalles sobre esa cooperación solo quedaron en correspondencia e insistió en que se trata de “ayudar a un aliado”.
El acuerdo que permitió a Costa Rica recibir a 200 migrantes deportados por el Gobierno de Estados Unidos fue verbal, según afirmó este miércoles a los diputados el canciller Arnoldo André.
Luego de semanas de discusión sobre ese documento, la máxima autoridad diplomática del país aceptó que ese acuerdo se negoció verbalmente y que la única prueba escrita es la correspondencia diplomática que se intercambió con el gobierno norteamericano.
“El acuerdo mediante el cual se materializó la disposición del Gobierno de Costa Rica fue un acuerdo no escrito, que se consolidó mediante intercambio de correspondencia entre ambos países y contempló el envió de un número máximo de 200 nacionales de terceros países a Costa Rica; el pago de Estados Unidos para su manutención en Costa Rica; el pago para la repatriación y el apoyo para la gestión de envío a terceros países seguros en caso de que alguno no pueda o no quiera regresar a sus países de origen”, detalló André.
El jerarca fue interpelado esta tarde en el Plenario, precisamente por la negativa del Poder Ejecutivo a compartir, o revelar, los detalles de ese acuerdo que permitió que se recibiera a 200 personas, incluidos adultos mayores y niños, que fueron deportados por la administración Trump.
La pregunta que más repitió la oposición en esa materia es por qué Costa Rica aceptó recibir a esos migrantes y por qué Estados Unidos no realizó ese proceso de deportación desde su territorio.
Sobre la segunda, André se limitó a decir que esa es una pregunta para el Gobierno estadounidense, pero en la primera insistió en que se trata de “cooperar con un aliado” que aporta más de $100 millones anuales en cooperación.
“Gana (Costa Rica) la buena voluntad de un aliado al haberle atendido una solicitud expresa”, respondió André a la frenteamplista Sofía Guillén.
“¿Qué pasa si le hubiéramos dicho no?”, cuestionó la diputada.
“Yo puedo asumir que nada hubiera pasado”, respondió el jerarca.
“Entonces nos exponemos a demandas internacionales por violaciones a derechos humanos por nada. Costa Rica arriesga su imagen internacional y acepta por nada traernos a esos migrantes”, ironizó la legisladora.
André insistió en que, hasta donde él sabe, no se han violentado los derechos de ninguna de las personas que fueron recibidas y que tampoco está en riesgo la soberanía del país, pues el Gobierno las recibió “voluntariamente” y con el único fin de “darles el trato humanitario temporal para en 30 días buscarles salida”.
En ese sentido, se le cuestionó por qué entonces estas personas permanecen detenidas en el CATEM sin posibilidad de libre tránsito, pese a que aquí no son acusadas de ningún delito.
André respondió que, según le informó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, todas tienen un estatus de deportables, por lo que no pueden transitar libremente.
El canciller se comprometió a enviar la correspondencia relativa a este acuerdo a primera hora del jueves, pero se negó a compartirla hoy mismo (pese a tenerla a mano), pues dijo que primero quería “ordenarla”.
El jerarca también reveló que, hasta hoy, 69 de las 200 personas recibidas ya regresaron a sus países de origen y 34 más están en proceso de retorno “pronto”, por lo que con las restantes 97 se está trabajando para asegurar su salida.
Añadió que, hasta donde sabe, ninguna ha pedido asilo.