Solicitud de datos personales del Banco Central se asemeja a UPAD, afirma experto

La solicitud que el Banco Central le hizo a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) sobre información sensible de los deudores del país, se asemeja a lo que el gobierno de Carlos Alvarado quiso hacer con el fallido decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Así lo reconoce el abogado especialista en datos personales, Mauricio París, quien asegura que el Central se extralimitó en una solicitud como esa, que dijo no solo no está justificada, sino que además resulta ilegal.

En entrevista con Teletica.com, París explicó que no existe ninguna norma que faculte al Central a acceder a datos personales de endeudamiento o financiación de los usuarios del sistema financiero formal, sino una norma que les permite solicitar información para la construcción de estadística.

“El Artículo 14 de la Ley del Banco Central lo faculta a hacer estadística, pero para estadística usted no necesita datos personales, no hay ninguna ley que lo faculte a hacerlo, por eso es extralimitado.

“Entonces para matar una mosca no están pidiendo un matamoscas, están pidiendo una bazuca. Es una mala interpretación de qué es un dato estadístico, que precisamente se define aquellos que no tengan riesgo de que las personas sean identificadas, porque la estadística es incompatible con la identificación del sujeto”, aseguró.

Para París, lo que pide el Central no difiere por el fondo en lo que alguna vez quiso hacer el gobierno de Alvarado con datos sensibles de los costarricenses, solo que bajo una justificación diferente.

“Las dos son solicitudes o visiones extralimitadas. En el caso de la UPAD, era un órgano eminentemente político adjunto a Casa Presidencial que, como las instituciones les negaban esa información, crearon este decreto con la justificación de hacer política pública.

“En este caso, el Central lo necesita para hacer estadística, pero usted ni para hacer política pública ni para hacer estadística necesita identificar a las personas”, aseveró.

¿Qué pasó?

Este jueves, la superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar, dio a conocer que fue denunciada penalmente por la gerente general del Banco Central, alegando una supuesta desobediencia a la autoridad.

Esa denuncia viene precedida de la solicitud que la junta directiva del banco presentó a la SUGEF para que esta le trasladara los datos íntegros de los deudores del sistema financiero formal, incluidos nombres, apellidos y números de cédula.

Aguilar se negó a trasladar esa información por la confidencialidad y protección que, por ley, está obligada a darle a esos datos e, incluso, presentó una consulta ante la Procuraduría General sobre el caso.

Sin embargo, el Central interpuso la denuncia antes de conocer esa resolución.

Hoy, la Asociación Bancaria Costarricense respaldó el actuar de la SUGEF y su jerarca.

“La junta directiva lo que está pidiendo es información integral de todas las operaciones de crédito de las entidades financieras supervisadas, incluyendo la identificación del deudor, es decir, lo que quieren saber es todas las operaciones que realizan las entidades financieras individualizando caso por caso, quién le debe a quién, con todo lujo de detalles.

“Si el Banco Central hubiera pedido información quitando nombres y número de cédula, eso sí es información estadística, pero lo curioso es que está pidiendo que incluyan esas columnas; o sea, dicen que para tener estadística ellos tienen que saber cuánto le debe María o José al banco… Están diciendo démelo todo porque yo necesito estadística y no se preocupe porque yo tengo confidencialidad, pero la confidencialidad es un control posterior y existe un control previo, que dice que SUGEF no le puede dar esa información”, concluyó París.

Hasta ahora, el Central no ha emitido una reacción sobre el caso.