Congreso aprueba informe que señala presunto tráfico de influencias en PANI
36 diputados avalaron las recomendaciones que dio la mayoría de la Comisión de Derechos Humanos, otros 11 votaron en contra.
El Plenario Legislativo aprobó, este martes, el informe que señala un presunto tráfico de influencias del Ejecutivo hacia el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en el caso de la custodia de los hijos de Leonel Baruch.
36 diputados avalaron las recomendaciones que ofreció una mayoría de la Comisión de Derechos Humanos tras esa investigación, que incluía una petición al Ministerio Público para que investigue al actual jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves, Gabriel Aguilar, por la llamada que realizó a la expresidenta del PANI, Gloriana López.
"La intervención de Aguilar Vargas, en su calidad de asesor y luego Director de despacho del Presidente de la República, en los procesos de la familia Baruch Ohana en sede del Patronato Nacional de la Infancia, que a su vez inciden en los distintos procesos de divorcio, guarda y crianza y pensión alimentaria de la pareja en relación con sus dos hijos menores de edad en sede judicial podría configurar un eventual delito de tráfico de influencias en beneficio de una de las partes del proceso, por lo que se recomienda testimoniar piezas ante el Ministerio Público”, señala el informe.
López dijo ante ese órgano que recibió una llamada de Aguilar, por orden de Chaves, para prestar especial cuidado al proceso de custodia de los hijos del banquero. El asesor, posteriormente, aseguró que esa llamada la hizo por decisión propia.
En el informe también se señaló que la vicepresidenta, Mary Munive, intentó obstruir el trabajo de la comisión cuando los diputados llamaron a comparecer a López, argumentando que ella (la exjerarca del PANI) no estaba en condiciones de responder cuestionamientos.
Además, el informe de mayoría recomendó solicitar a la Procuraduría de la Ética investigar las presuntas acciones irregulares de los funcionarios y exfuncionarios públicos involucrados, que podrían constituir faltas a la ética y probidad, así como las posibles sanciones y recomendaciones pertinentes, desde la perspectiva del derecho administrativo y penal.
En contra de estas recomendaciones votaron diputados del oficialismo y Nueva República.
