Procesos contra Rodrigo Chaves y Patricia Mora con luz verde para resolución en TSE
Después de cinco años, la Autoridad Electoral recobra la posibilidad de castigar la beligerancia política y cancelar credenciales a funcionarios de elección popular.
Procesos seguidos por supuesta beligerancia política contra el presidente Rodrigo Chaves, la exministra y exdiputada Patricia Mora, así como la exdefensora de los Habitantes, Catalina Crespo, están entre los más de 100 casos que podrán ser resueltos desde este jueves por la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Esto luego de que la Sala Constitucional rechazara una acción planteada contra el reglamento de ese órgano, que es el encargado de conocer en primera instancia ese tipo de procedimientos y las cancelaciones de credenciales a los funcionarios de elección popular.
También están en agenda para resolverse gestiones planteadas contra miembros de juntas directivas, regidurías, integrantes de los cuerpos policiales, entre otros servidores que tienen un impedimento legal para tener participación política, explicó en una entrevista con Teletica.com el letrado de la Autoridad Electoral, Andrei Cambronero.
En el caso del mandatario, el vocero explicó que existen dos denuncias en su contra por presunta beligerancia planteadas por los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC) durante las elecciones municipales del 4 de febrero de 2024.
Según reportó en su momento el sitio de noticias El Observador, el último de los casos responde a una publicación que Chaves hizo en su cuenta de X (antes Twitter), en la que criticó a dos ediles de Acción Ciudadana y otros dos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por supuestos obstáculos en el avance de obras de Circunvalación Norte, en Gocioechea.
El otro caso tiene que ver con una serie de informaciones divulgadas por distintos medios de comunicación, respecto a la eventual gestión de una agrupación política para postulaciones a cargos de elección popular.
Para entonces, el gobernante no había sido notificado. Pese a ello, el otrora ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, adujo que lo relacionado con el tuit era “hilar demasiado delgado”, de acuerdo con declaraciones que recogió el diario digital. Sobre la otra queja no se hizo referencia alguna.
Contra Mora, ministra de la Condición de la Mujer entre el 8 de mayo de 2018 y el 7 de diciembre de 2020, afronta un proceso por supuestamente haber participado en una Asamblea Nacional del Partido Frente Amplio (PFA), del que es cofundadora y presidenta.
La jerarca rechazó entonces los señalamientos que le hizo Liberación Nacional, pues sostuvo que su presencia en ese acto respondió a un homenaje por el fallecimiento de la entonces tesorera de la agrupación, Marjorie Montes.
A Crespo, un grupo de ocho diputados la denunció por aparentemente haber violado la prohibición que tenía como defensora de los Habitantes (2018-2022) para participar en actividades político-partidarias, con base en publicaciones de redes sociales en las que se observa a la hora embajadora de Costa Rica en Estados Unidos en actividades de campaña de la Unidad Social Cristiana para los comicios del 2 febrero de 2020.
Años congelados
La acción de inconstitucionalidad que se tramitó bajo el expediente 23-015760-0007-CO fue presentada por los exalcaldes de San Rafael, Verny Valerio y Jorge Isaac Herrera; así como el exregidor Adrián Óscar Miranda.
Una primera versión de la misma llevó a la Sala Constitucional a suspender el 11 de setiembre de 2019 la emisión de resoluciones de primera instancia en procesos por beligerancia política y cancelación de credenciales.
No obstante, esa gestión fue rechazada por asuntos de forma en 2023, lo que le dio la posibilidad a los accionantes de corregir los errores y plantearla nuevamente. Ello implicó que el 21 de julio de 2023 se congelaran de nuevo estos procedimientos, hasta que se resolviera, esta vez por el fondo, el cuestionamiento a los artículos 1, 10, 11, 14 y conexos del decreto 5-2016.
Esa decisión final del Alto Tribunal se tomó el 21 de agosto de 2024, cuando en una cerrada votación de 4 contra 3, los magistrados declararon sin lugar la gestión en el voto 2024-23861.
"Nosotros entendemos, a partir del por tanto, porque no se comunicó el fallo integral, que se considera por la mayoría de la Sala, que el órgano creado por el Tribunal Supremo de Elecciones corresponde al bloque de constitucionalidad del país.
"Para el Tribunal de Elecciones no es un triunfo para sí mismo, sino para el país, porque es una forma de armonizar nuestro muy especial régimen constitucional, que desde 1949 apostó por la autonomía del Tribunal Supremo de Elecciones frente a otros órganos del Estado", destacó el letrado de la Autoridad Electoral, Andrei Cambronero, en conversación con este medio.
El vocero explicó que, en estos cinco años, se acumularon alrededor de 200 casos por beligerancia política y cancelación de credenciales, de los cuales 120 o 130 aguardan por una resolución.
"A partir de ahora es que el Tribunal empezará a votar estos asuntos", recalcó el letrado.
Los casos deberán ser resueltos en primera instancia por la Sección Especializada (compuesta por jueces suplentes) y, contra sus determinaciones, cabrá recurso ante el pleno de los magistrados electorales.
Precisamente, esa es una de las intenciones con las cuales se emitió el reglamento accionado, para cumplir con el principio de doble instancia (posibilidad de apelar), contemplado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el estándar interamericano, así como con el diseño constitucional que indica que el Tribunal de Elecciones es de única instancia y cuyas resoluciones no son revisables en ningún otro órgano estatal.
Cambronero destacó que, aunque en muchos de los casos ya el denunciado no continúa en su puesto, como Patricia Mora o Catalina Crespo, los asuntos “no pierden interés actual”, ya que existen procesos en los que cabe la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Valga resaltar que entre los actos que están pendiente emitirse está el dar trámite a un procedimiento, rechazarlo de plano o resolverlo por el fondo a partir de informes generados por la Inspección Electoral (brazo investigador del Tribunal de Elecciones). De ahí que el plazo para resolver estos casos será variado y no es posible hacer una estimación de cuánto tardará en conocerse y resolverse cada uno.
