Por Juan José Herrera |17 de agosto de 2022, 0:00 AM

El Gobierno de Rodrigo Chaves cumple hoy 100 días colmados de formas y objetivos pero escaso en resultados sustantivos, al menos no a la altura de las promesas que llevaron al economista al poder.

Si bien la intención de gobernar por decreto se cumplió, el combate a la corrupción, la reducción en el costo de vida o la disminución de la tramitología siguen siendo parte de los pendientes.

Pese a que arrancó con el control de la convocatoria de proyectos, el Ejecutivo no aprovechó esos tres meses para impulsar su agenda o visión, sino que se concentró en proponer reformas que, en el mejor de los casos, arrojarán resultados a futuro.

"Si bien es cierto fueron tres meses en los que prácticamente el producto propio es pequeño, ínfimo o inexistente, también hay razones que podrían justificar esa situación: ser un partido pequeño, nuevo, acostumbrándose a una reforma nueva y con una fracción legislativa muy pequeña", explicó el político Sergio Araya.

En eso coincide el analista Iván Barrantes, quien incluso cuestiona si una reforma constitucional como esa de verdad funciona en la realidad electoral actual.

“Así como está ahora, (esa reforma) lo que promueve es lo que hemos visto: que ganó un partido pequeño, con un actor emergente, apenas tuvo 30 días para organizarse y hacer un nombramiento y una estructuración del gabinete y en el camino vamos viendo qué pasa y cómo lo hacemos, por eso esa sensación de que no ha pasado mucho en términos de agenda.

“El tema de fondo es la forma en que está estructurado el sistema, hay que hacer un alto en el camino y analizarlo y entender que nuestra realidad es que, ya que gane un partido muy estructurado, con muchos cuadros, mucho tema programático… Eso es un ideal, pero en la vida real, de la forma que las campañas electorales están funcionando, no es así”, sentenció Barrantes.

Sin embargo, más allá de ese análisis inicial, los expertos también coinciden en que hay dos exámenes claros para cualquier gestión: el primer presupuesto ordinario y el Plan Nacional de Desarrollo, ambos próximos a ser presentados por esta administración.

"Todo este análisis puede quedar en letra muerta, pero esos dos elementos sí son vitales, ahí sí ya vamos a poder ver cuáles son sus prioridades y cuánto de esta narrativa que ha cautivado tanto a la gente se materialice en cosas concretas y cuánto no, pues como dice bien el viejo adagio, ‘obras son amores y no buenas razones’”, dijo Araya.

Para el politólogo Alejandro Barahona, ese Plan Nacional de Desarrollo podría ser, además, la primera acción sustantiva para poder evaluar, por el fondo, la gestión de Rodrigo Chaves.

“Francamente, es difícil subrayar elementos de fondos para analizar, no hay claridad de ruta en materia, por ejemplo, de control de precios, de la ruta fiscal y no veo que se haya aclarado nada en materia de infraestructura pública.

“Más bien creo que ahí hay tareas pendientes y quizás podamos tener claridad cuando se presente el Plan Nacional de Desarrollo, pero hasta entonces yo más bien veo que más allá de algunos efectos mediáticos, algunas señales digamos revestidas de noticia, no hay un elemento de fondo con el que uno pueda realmente juzgar por el contenido a esta administración, y eso también hay que decirlo”, criticó.

Precisamente, el mandatario anunció que será esta noche, en un evento especial por sus primeros 100 días, cuando el país podría conocer la ruta fiscal de su administración.

Un recuento

Mientras tanto, esta es una radiografía de su mandato:

Bajar el precio del arroz

La llamada “ruta del arroz” incluyó decretos para eliminar los precios mínimos de ese grano, rebajar los impuestos de importación y facilitar el proceso de fortificación; sin embargo, ninguno de estos ha conseguido rebajar el precio de ese producto, pilar de la dieta costarricense.

Las autoridades de los ramos involucrados han reconocido que no está claro cuándo o cuánto podría bajar ese grano; mientras tanto, pequeños y medianos productores llevaron el tema a la Sala Constitucional, pues insisten en que esos decretos violan el debido proceso, pero además atentan contra el mercado nacional sin garantizar una rebaja efectiva del precio.

Reducir el costo de vida

Con la inflación y los combustibles empujando al alza, la principal promesa de campaña de Chaves también se vislumbra lejana.

El mandatario propuso un cambio en la canasta básica para adecuarla a las necesidades modernas e impulsar un impacto positivo entre la población; sin embargo, ese proyecto no presenta ningún avance.

Tampoco se ha conseguido rebajar el precio de los hidrocarburos, aunque ahora el Gobierno ha defendido la posibilidad de disminuir el impuesto único a los combustibles mediante un proyecto que tampoco ha sido presentado.

Esa misma idea, defendida en campaña por José María Figueres, fue calificada como “irresponsable” y “populista” por parte de Chaves, precisamente por el hueco fiscal que crearía y el impacto que un eventual préstamo para cubrirlo tendría en las finanzas públicas.

No renovar a Riteve

Aquí Chaves sí cumplió; sin embargo, su decisión de no renovarle a la empresa española mantiene al país sin servicio de revisión técnica desde julio pasado, sin que ahora exista una fecha definida para la prestación de ese servicio público.

Eliminar obligatoriedad de mascarillas

El Presidente no solo eliminó el uso obligatorio de las mascarillas, sino que además puso fin al decreto de emergencia que originó la pandemia del COVID-19.

También defendió la eliminación de la obligatoriedad de la vacunación contra ese virus, una que su administración califica de ilegal, pero que aún es discutida por el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología.

Bajar costo de medicamentos

Si bien eso aún no sucede, los decretos firmados apuntan a agilizar el trámite de inscripción y homologación de las medicinas, que ahora tardaría un máximo de 30 días contra los 12 o 15 meses que necesita ese proceso en la actualidad.

De la misma forma, se firmó otro para permitir la “importación paralela”, que básicamente elimina la exclusividad de las empresas por ciertos medicamentos, abriendo el mercado para intentar empujar a la baja sus precios.

Esos efectos, según los decretos, se verán a finales de este año o inicios del próximo.

Reducir tramitología

Durante la campaña, Chaves prometió impulsar un proyecto para combatir la burocracia estatal y reducir la tramitología, esa promesa no reporta ningún avance.

Rescindir alquileres

Se ordenó la rescisión de tres contratos de alquiler que mantenía el Ministerio de Educación Pública y la evaluación del resto de alquileres del Estado en busca de reducir esos costos. Esas decisiones, según estima el Ejecutivo, supondrían un ahorro de miles de millones de colones por año. Por este caso se denunció penalmente a dos exministros de Educación.

Pensiones de lujo

Se anunció la intención de combatir las pensiones de lujo y eliminarlas a futuro. El proyecto aún no se ha presentado, pero sí se adelantó un proceso de lesividad contra las pensiones de 78 exdiputados, cuyas remuneraciones superan los ₡4 millones al mes.

Esa decisión deberá ser evaluada y avalada por un juez.

Eliminar las pruebas FARO y el convenio educativo con Cuba

Ambos temas ampliamente cuestionados por su falta de resultados en la mejora de la educación pública costarricense.

Facilitar el registro de agroquímicos

Medida facilita el cumplir con los requisitos legales para ese fin, mediante la posibilidad de obtener de más de un país los estudios sobre ingredientes activos o moléculas.

Adhesión a la Alianza del Pacífico y TLC con Ecuador

Chaves anunció ambas intenciones en un giro completo a la política comercial que había defendido el gobierno de Carlos Alvarado.

Ambas decisiones fueron aplaudidas por el sector empresarial, pero no gozan de popularidad entre los productores nacionales.

Aumentar el salario de ministros y viceministros

También por decreto, el mandatario elevó el salario base de sus jerarcas luego de cuatro años de restricciones en las remuneraciones de los altos mandos.

Con esa decisión, el salario de los ministros aumentó hasta los ₡2.6 millones y el de los viceministros a ₡2.5 millones, para un crecimiento de casi el 100%.

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