Sindicato del Poder Judicial pagó por estudio actuarial que avala pensión adelantada en OIJ

La Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), sindicato del Poder Judicial, fue la que encargó, y financió, el estudio actuarial que terminó de inclinar la balanza a favor del proyecto de ley que permitiría la pensión anticipada en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), previsto para votarse esta tarde en segundo debate.

Ese estudio, presentado en 2024 y con datos a 2022, aportó las proyecciones e impacto que la propuesta tendría en el fondo especial de pensiones del Poder Judicial, un requisito indispensable para que la iniciativa avanzara en la corriente legislativa.

“Tuvo una incidencia importante en la discusión y votación en la comisión, porque a diferencia de otras iniciativas que nada más proponen una rebaja alegremente, esta nos detalló su impacto”, explicó días atrás el liberacionista Danny Vargas, presidente de la comisión que dictaminó el expediente.

¿Por qué entonces un beneficiado directo de esa reforma es el encargado de presentar el documento clave que la respalda?

“No podemos pensar que se nos tache de aventajados y hay razones de sobra para explicar por qué. Este estudio fue aprobado de una manera colegiada y pedimos que, para bien o para mal, se hiciera de la manera más transparente y reflejó sostenibilidad.

“Yo no confío ni confié nunca en el estudio actuarial de la UCR de 2018 (que no avaló esa pensión adelantada) porque no reflejaba la realidad, empezando por utilizar un rendimiento del fondo de 3% y utilizar una población cerrada, sin contar todos los nuevos agentes que ingresan, por eso nos quedó la duda y por eso pedimos este nuevo estudio”, justificó Álvaro Rodríguez, presidente de la ANIC.

Rodríguez insistió en que, aunque reconoce que esa decisión levanta suspicacias y la propuesta genera oposición, el sindicato es claro en que detrás de la reforma “hay un tema de justicia”.

“Con solo la vida laboral de un agente se explica este proyecto. Un compañero del OIJ trabaja en jornadas de 12 horas, eso en comparación a una jornada de ocho horas son 11 años más de trabajo, sin hacer caritas ni decir nada.

“Además, hay que recordar que en el Poder Judicial las personas pensionadas siguen aportando un 18%, entonces no vamos a permitir que nos tache de aventajados aquí, estamos hablando de personas que con esas jornadas están trabajando después de 60 años sin que exista una carrera policial paralela donde mandarlos a terminar su vida laboral, ahí es donde vienen los problemas psicológicos, los suicidios”, insistió Rodríguez.

Sin embargo, el oficialismo, principal opositor de la reforma, insiste en que esa pensión adelantada crearía no solo un hueco en las finanzas del fondo, sino además una diferencia injusta con otros funcionarios que también arriesgan sus vidas, como bomberos o policías.

“No me llama mucho la atención (que un sindicato pagara el estudio) porque igual la Sala IV ha defendido sus derechos con todas las pensiones de lujo, el Poder Judicial ha defendido sus pensiones abusivas, han defendido que son derechos adquiridos y no se pueden tocar, entonces es seguir el mismo patrón que con todas las pensiones de lujo en el Poder Judicial: permitir que el Estado le pague hasta tres veces a los pensionados del Poder Judicial que al resto de sus trabajadores, ¿entonces somos o no somos iguales ante la ley?”, criticó la oficialista Pilar Cisneros.

​¿Qué dice ese informe actuarial?

El estudio, entre otras, reflejó un rendimiento 9,59% para el fondo a 2023 y evidenció una razón de solvencia de 0,87, que básicamente significa que el régimen tiene una capacidad de enfrentar el 87% de sus obligaciones presentes y futuras.

Sin embargo, la propuesta evaluó también los impactos que la reforma tendría en esos números: si se aprueba la ley, la razón de solvencia caería al 0,83, mientras que el primer momento crítico del fondo (cuando los gastos superan los ingresos) se adelantaría de 2043 a 2040.

El colapso del fondo (cuando las reservas se agotan), pasaría a su vez de 2055 a 2051.

Consultado, el presidente de ANIC insistió en que esas cifras son conservadoras si se toma en cuenta que la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo) puede ser “más agresiva” en sus inversiones y que, además, el estudio no contempla el ingreso de las nuevas plazas ya aprobadas en el OIJ.

“A quien le toca velar por la sostenibilidad del fondo es a la Junafo y ellos deben ser más arriesgados en esas inversiones, el ejemplo está en la Ruta 27, invertir en obra pública, ahí podría estar una cuarta de su inversión. Para nosotros, incluso con la reforma, la sostenibilidad está garantizada”, añadió.

El proyecto permitiría a todos los funcionarios del OIJ que, por sus funciones, requieran de la portación de armas, pensionarse a los 55 años, en lugar de a los 65 que el resto de trabajadores.

Por incidir directamente en el funcionamiento del Poder Judicial, la votación de esta tarde necesitará de un mínimo de 38 diputados para ser aprobado.