Por Juan José Herrera |10 de enero de 2024, 10:02 AM

La idea del gobierno de Rodrigo Chaves de construir una megacárcel en Costa Rica, como la que hoy ya existe en El Salvador, es “populista, inviable y una cortina de humo”.

Así lo aseguró la exministra de Justicia, Marcia González, luego de que el diputado socialcristiano Leslye Bojorges presentara esa propuesta acompañada de la certeza de que, como ya confirmó el Ejecutivo, en el país se pretende la construcción de este megacomplejo.

“La propuesta del diputado Bojorges no solo es populista, sino que está basada en la desinformación que se ha generado alrededor de las acciones, muy cuestionables, que se han llevado a cabo en El Salvador y que, como mínimo y ya está demostrado, violan los derechos humanos de las personas que ahí se encuentran.

“Una propuesta como esta es inviable y populista porque no solo no viene a mejorar la seguridad, sino que nos desvía de dónde debería estar nuestra atención, que es en la prevención y tiene que ver con todos los recortes sistemáticos en educación e inversión social que hemos visto en estos dos años”, criticó González.

Para la exjerarca, un proyecto como este elimina la verdadera intención que existe detrás de una privación de libertad, que es la reinserción a la sociedad.

“Las penas privativas de libertad son para proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia, por eso es que hay que aprovechar el periodo de privación de libertad para lograr, en la medida de lo posible, la reinserción a la sociedad.

“En ese sentido, no es lo mismo un centro penitenciario para indiciados que para condenados, lo mismo según sus perfiles de peligrosidad o si es para mujeres o menores de edad… Los criterios internacionales, además, son claros de las cifras de privados de libertad que permiten una adecuada reinserción a la sociedad y que no son las de estas megacárceles”, puntualizó.

Pero lo principal, según la exministra, es que además no es una solución inmediata como requiere el país, pues es un proceso que no estaría listo antes de que acabe la actual la administración.

“Si va a ser por aprobación de un préstamo, el proceso mínimo de aprobación de un crédito es de un año, y mientras se hace el concurso y todo el proceso de contratación, más la construcción, estamos hablando de por lo menos tres años.

“Creo que no es más que una cortina de humo, independientemente de todo el tema técnico del manejo de personas privadas de libertad, una propuesta de estas realmente no viene a solucionar el problema de seguridad, es una manera de patear el balde, porque esas personas que entran a un centro penal van a estar en la calle en uno, dos o cinco años, y si no se les da un manejo adecuado, si no se les atiende, simple y sencillamente vamos a seguir teniendo ese problema en la calle”, finalizó.

Insuficiente

Para el exmagistrado Fabián Volio, si bien una megacárcel podría mejorar las condiciones carcelarias en el país y con esto beneficiar a los privados de libertad, sus efectos no se sentirían en las calles.

“Esto no varía la actividad delictiva en la calle, ni varía el número de casos que pueden ser juzgados por los jueces penales para dictar penas de prisión a las personas, esto está en la fase final del proceso penal, que sería la investigación judicial, el juzgamiento penal y la ejecución de la pena.

“Entonces no pasa por decir que un juez deja libre por falta de espacio en las cárceles, un juez no puede dejar de dictar una sentencia penal si hay pruebas contra un delincuente solo porque no hay espacio adónde enviarlo a cumplir la pena, eso es ilegal”, subrayó.

El experto insiste en que aunque sabe que eso ha sucedido, el hacinamiento o la sobrepoblación no es una excusa válida para tomar una decisión ilegal.

“No existe una norma que le permita a un juez dejar de aplicar la pena o dejar de ejecutarla, eso es un abuso de su autoridad, porque ante la Constitución están obligados a dictar una sentencia y no hay ninguna norma que diga que cuando haya sobrepoblación o hacinamiento no se va a dictar la sentencia, eso no existe”, aseguró.

Este martes, el ministro de Justicia, Gerald Campos, confirmó que el Gobierno busca entre $75 millones y $100 millones para la construcción de una megacárcel en terrenos de esa cartera.

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