Por Juan José Herrera |6 de octubre de 2022, 15:28 PM

El partido Nueva República inició, este jueves, con el bloqueo ya anunciado al proyecto que pretende castigar las llamadas terapias de conversión, conocidas estas como cualquier procedimiento que pretenda “curar” las características sexuales, expresiones o identidad de género de los grupos LGBTI.

En su primer día de mociones de fondo, la Comisión de Derechos Humanos logró analizar solo seis de las 103 presentadas por la agrupación, que agotó en la figura de su diputado David Segura la discusión de cada una de esas propuestas de reforma.

“En el partido Nueva República creemos que no se debe coaccionar o forzar a nadie a esconder su identidad de género, la expresión de género o identidad sexual, ahora bien, ese respeto debe ir en doble vía y no solo a favor de ciertos grupos, también hay otras personas que pensamos distinto”, dijo el legislador en un inicio.

Segura defendió, en el seno del órgano legislativo, que el proyecto debía replantearse por completo, pues ahora mismo no respeta la libertad de expresión de grupos que no comparten las manifestaciones de la comunidad LGBTI.

El diputado fue más allá y aseguró que con la propuesta sus defensores lo que de verdad buscan es “montar una cacería” contra organizaciones y ministerios que hoy brindan “consejería psicológica y atención espiritual”.

“Existe un riesgo real de que la ayuda emocional sea criminalizada y que los derechos humanos, incluidos los derechos a la creencia religiosa, sean pisoteados. Ya hemos visto ejemplos de países en lo que se han aprobado leyes similares, como en España, donde miembros de la comunidad LGBT se han infiltrado en organizaciones de consejería y religiosas para fingir que desean someterse a una conversión de su homosexualidad.

“Luego de iniciar el proceso, el infiltrado presenta denuncias contra la organización que lleva al cierre de sus actividades y a penalizar a sus integrantes, que solo quisieron atender a una persona que solicitó ayuda para dejar las prácticas homosexuales”, afirmó Segura.

Sus declaraciones y bloqueo despertaron la molestia del diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, precisamente el partido que impulsa esta reforma a la Ley de Salud, planteada por el exdiputado José María Villalta en 2018.

“Que quede claro que las 103 mociones al proyecto fueron presentadas por Nueva República y que la mayoría quieren cambiar comas, mayúsculas y demás. Es una manera tramposa, legal, pero inmoral de usar el reglamento legislativo.

“El proyecto de ley lo que busca es sancionar las torturas de reconvención sexual que están tipificadas y que, casualmente, son grupos conservadores enfermos de transfobia, de homofobia o lesbofobia los que las han perseguido”, dijo Ortega.

El legislador aseguró que él y su bancada no entienden cómo “promover la tortura mental o física de las personas” pueden tener algo de dignidad y que, por lo tanto, continuarán con la defensa del proyecto, que no encontró espacio ni respaldo en la pasada Asamblea.

La propuesta promueve la adhesión de tres artículos a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar estas terapias y la publicidad de las mismas, así como imponer castigos económicos y administrativos a las personas que las promuevan o ejecuten, incluida la suspensión del ejercicio de su profesión, todo esto sin limitar las eventuales sanciones penales que pudieran determinarse.

El proyecto deberá agotar el análisis de las mociones antes de regresar al Plenario para su votación final.