Por Juan José Herrera |26 de octubre de 2023, 11:58 AM

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró este jueves a los diputados que los llamados préstamos “gota a gota” son el paso previo a los cobros extorsivos por seguridad que el crimen organizado aplica en otros países de la región.

En audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Zamora insistió por la urgente aprobación del expediente 23.575, que pretende tipificar este problema como un delito y definir penas de prisión para quienes ejerzan estos cobros extorsivos.  

“Con el proyecto de ley se estaría atendiendo una urgente necesidad, desde el punto de vista del Estado de derecho, para aplicar justicia a un escenario criminal hasta ahora no regulado de manera directa y que tenemos que recurrir a legislación preexistente que no lo atiende de manera correcta.

“Pero, además, hay que entender que este es el paso previo a cobrar por seguridad, porque de pronto los sicarios dicen: 'Usted me paga todas las semanas para que yo no le haga nada', entonces empiezan a decir, ‘¿Por qué les tengo que dar un préstamo si al final me van a pagar siempre? No ocupo dar ese préstamo inicial, voy a empezar a decirle a él y sus vecinos que me tienen que pagar la misma cantidad para que no les haga daño’, porque ya generó el escenario de terror previo para brincarse el préstamo gota a gota y ejercer el mismo acto extorsivo sin esa necesidad”, señaló.

El órgano legislativo, que analiza ese expediente impulsado por la diputada Gloria Navas (Nueva República), recibió hoy en una mesa de trabajo a Zamora y otras autoridades de Seguridad y del ámbito financiero.

En la discusión, todos coincidieron en que es necesario que el proyecto en discusión modifique su redacción para hablar de créditos extorsivos en lugar de créditos gota a gota, porque al final se buscan penas mayores que vayan de la mano con el grado de violencia que está acompañando ese delito.

“El bien jurídico que se protege con esta normativa en primera instancia es la vida e integridad de las personas, porque ya hay personas que han muerto por esta práctica, está documentado, y en segundo lugar está la libertad económica de las personas.

“Por eso, hay que dejar claro que debe haber penas de extorsión diferentes a cuando solo existen amenazas y no se ha materializado la violencia, la agresión, y otras equiparables con el homicidio, si es el caso, cuando ya se comete el acto”, añadió Zamora.

Las autoridades insistieron en que, hasta ahora, el problema se ha invisibilizado y que esa es parte de las facultades que tienen para perseguirlo y castigarlo.

Usura

Semanas atrás, el director del OIJ, Rándall Zúñiga, aseguró que una de las hipótesis que manejan sobre el crecimiento de los créditos “gota a gota” en el país es la exclusión financiera que provocó la Ley de Usura aprobada en 2020.

En esa línea, el asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense, Mario Gómez, insistió hoy en que aunque no sea posible saber desde cuándo existen estos créditos extorsivos en Costa Rica, el problema sí se potencializó a partir de 2020 y que eso lo reflejan los datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

Gómez aseguró que la ley permite los microcréditos, pero los limita a montos que no superen en 1.5 veces el salario base (alrededor de ₡600 mil) y, además, excluye a las tarjetas de crédito.

“Modificar la ley para que ese monto llegue a 1.2 millones, por ejemplo, permitiría cubrir a una cantidad importante de gente que quedó excluida; pero, además, hay que quitar eso de que no se pueda acceder a un instrumento como una tarjeta de crédito para ese montón de personas que sacó la ley”, señaló.

“Tenemos que hacer el esfuerzo de recuperar a todos esos excluidos, la pregunta es cómo. Sí hay que atacar la criminalidad, sí hay que fomentar la educación financiera, pero también hay que atacar las causas de esos préstamos. No estoy atacando la Ley de Usura per se, solo digo que, como todo en la vida, es perfectible”, añadió.

Zamora insistió en que los préstamos “gota a gota” son una herramienta del crimen organizado para el lavado de dinero y que, por lo tanto, está estrechamente vinculada al sicariato, por lo que su tipificación y abordaje es vital para visualizar y atender el problema.

“Hay un problema de accesibilidad porque para que a usted le apliquen la protección de víctimas y testigos hay que denunciar, pero la persona está tan asustada, tan aterrorizada, que ni siquiera puede hacerlo, ahí tenemos un gran problema. Entonces ellos legitiman el cobro, lesionan y matan y, además, es un tema de terrorismo financiero”, finalizó.


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