Diputados van por el resello a proyecto para sacar a Costa Rica de lista negra

La comisión que estudió el proyecto de ley para que Costa Rica salga de la lista negra de la Unión Europea votó en contra del veto que le dio el presidente Rodrigo Chaves y ahora van por el resello.

Cinco diputados votaron en contra del veto: Daniela Rojas del PUSC, Paulina Ramírez del PLN, Olga Morera de NR, Luis Fernando Mendoza del PLN y Johana Obando del PLP.

Mientras que solo dos estuvieron a favor del veto que le dio el Ejecutivo: Jonathan Acuña del FA y Pilar Cisneros del partido oficialista.

Con esa votación, la comisión está recomendando al Plenario que reselle el proyecto, o sea, conseguir 38 votos para que el proyecto se vaya y se convierta en ley sin importar la opinión del Ejecutivo.

Pilar Cisneros advirtió el riesgo de archivo que pesa sobre el proyecto en caso de que el resello fracase y no se consigan los 38 votos.

La Constitución Política es clara en su artículo 127 en que, en caso “de no reunirse los dos tercios de votos para resellarlo, se archivará y no podrá ser considerado sino hasta la siguiente legislatura”. Es decir, a partir de mayo.

La urgencia radica en que la revisión de la Unión Europea ya inició y esta tomará una decisión final en octubre próximo.

El presidente Chaves dio el veto parcial del proyecto alegando razones de “oportunidad y conveniencia, pero sobre todo razones de conciencia patriótica”.

“Esta ley representa e implica una afectación de recursos enormes a la recaudación del Ministerio de Hacienda (…) Es para beneficiar de manera clara e incontrovertible a gente muy adinera en este país.

“Como la pasó el Congreso, lo que hace es permitirles a esos grupos poderosos no pagar de manera injusta los tributos de una nación que no puede subirle los sueldos a los empleados públicos, que tiene peligros inminentes no resueltos en nuestras escuelas, puentes que se están cayendo y aun así permitiría exoneraciones enormes a esos grupos”, había dicho Chaves.



Lista negra

La Unión Europea puso a Costa Rica en la lista de países no cooperantes desde inicios de este año por un vacío en la legislación tica que permite a empresas extranjeras radicadas en Costa Rica no pagar impuestos sobre los rendimientos que tengan sus inversiones en el extranjero.

Esto, desde la óptica de ese grupo de países, significa una potencial “doble no imposición”, es decir, empresas que no pagan impuestos en su país de origen ni tampoco en Costa Rica.

Así, la solicitud al Gobierno es que gravara todas esas rentas, o bien, gravara solo a las empresas sin sustancia económica o “empresas de papel”. Este último fue el camino tomado por una mayoría del Congreso.

El problema fue que, con esa salida, los diputados también abrieron un portillo para que esas empresas ticas que invierten en el extranjero dejaran de pagar un impuesto al que hoy están obligadas.

La tesis de esa mayoría de diputados es que, aunque existan resoluciones de la Sala Constitucional y la Sala Primera en ese sentido, es el Congreso el encargado de formular y aprobar leyes, por lo que la territorialidad del impuesto de la renta debería apegarse solo a Costa Rica.

El problema con ese pulso es que la Unión Europea dejó claro que el proyecto debía presentarse este viernes 15 de setiembre, a más tardar, para iniciar con su análisis de cara a su revisión final, cuando el grupo económico decidirá si mantiene o saca al país de la lista.