Comisión se encamina a rechazar proyecto de libertad condicional que impulsa el Gobierno
Se trata de una de las cinco propuestas por las que el Ejecutivo ha insistido, pero que podría caerse en su trámite inicial por aparentes roces de constitucionalidad.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico analiza el rechazo del proyecto de libertad condicional que defiende el gobierno de Rodrigo Chaves, y que forma parte de la lista de prioridades que ha marcado el Ejecutivo para estas sesiones extraordinarias.
Se trata del expediente 23.692, denominado “Ley para restaurar la seguridad ciudadana y contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad”, que a grandes rasgos modifica el Código Penal para definir la procedencia de la prisión preventiva, la imposición de medidas cautelares y la revocación de las mismas.
Puntualmente, el proyecto añade que los jueces podrán solicitar prisión preventiva cuando el sospechoso “represente un peligro para la sociedad”, esto a partir de nuevas consideraciones como la gravedad del hecho punible, la cantidad de delitos imputados o la utilización de armas en el hecho investigado.
La libertad condicional, por otro lado, se estaría restringiendo si el sospechoso tiene una condena anterior con una pena mayor a seis meses o si se encuentra descontando una condena vinculada a crimen organizado o delitos sexuales.
Sin embargo, en el análisis de la subcomisión asignada al texto, los diputados fueron advertidos de posibles roces de constitucionalidad, especialmente en el apartado de dictar prisión preventiva a partir de la peligrosidad del sospechoso.
“Nuestra legislación se rige por el principio de inocencia y, por lo tanto, no puede anticiparse que la persona representa un peligro social, pues con ello se estaría imponiendo una sanción anticipada”, aseguró el Ministerio Público a la subcomisión.
“Además, el proyecto de ley pretende que la aplicación de las medidas cautelares diversas a la prisión preventiva sea ajustable a delitos 'cuyo mínimo de la pena sea inferior a cuatro (4) años de prisión', restringiendo la posibilidad de otras medidas cautelares cuando se configure la causal de 'el peligro para la sociedad'. De lo anterior, es notorio que no es posible únicamente que, por la peligrosidad de una persona, se elimine la posibilidad de aplicar medidas cautelares sustitutivas y tener como única alternativa la prisión preventiva”, añadió la Fiscalía.
La Defensa Pública, por su parte, señaló que la aprobación del proyecto en los términos actuales “generaría una mayor carga de trabajo a las diferentes instancias del Poder Judicial, que no es posible enfrentar dada las limitaciones presupuestarias” y que además el proyecto no tiene un estudio que justifique las reformas propuestas, por ejemplo, el porcentaje de personas presas sin condena u otro de naturaleza criminológica.
Por estas y otras razones, la subcomisión recomendó a la comisión el rechazo de la reforma y su dictamen negativo ante las “abiertas inconstitucionalidades en las reformas planteadas” y que estas se basen exclusivamente en la peligrosidad del sospechoso.
La comisión, dirigida por Gloria Navas, conoció hoy el informe e inició con su discusión, por lo que se prevé que sea votado la próxima semana.
