Ordenan intervención en oficina de UCR por supuestas anomalías en construcción de edificio
El despacho sufrirá una serie de cambios como parte de un plan remedial para la ejecución de inversiones en la casa de enseñanza superior.
La Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la Universidad de Costa Rica (OEPI-UCR) será intervenida por una comisión instalada por la Rectoría.
El anuncio llega dos meses después de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), así como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutaran una serie de allanamientos en la casa de enseñanza superior.
Mediante la resolución R-145-2025 del 31 de marzo, se dispuso la creación de un órgano conformado por cinco personas, a quienes les corresponderá salvaguardar la operación de la unidad administrativa tras los informes y la investigación que desarrolla el Ministerio Público.
Dicha comisión estará integrada por un representante de las direcciones de las escuelas de Ingeniería Industrial, Arquitectura e Ingeniería Civil, así como de la Vicerrectoría de Administración y la Oficina Jurídica.
La intervención, que tiene un efecto remedial, pretende una "revisión exhaustiva" de la organización y estructura de la oficina, así como de los procesos de gestión y ejecución de los proyectos a su cargo.
También procurará un análisis en profundidad su funcionamiento, protocolos de trabajo, normativa legal y gestión de recursos financieros, entre otros aspectos.
Lo anterior con el fin de ejecutar las acciones necesarias para que el desarrollo de infraestructura en la universidad se someta a "los más estrictos requerimientos" éticos y técnicos.
Además, mediante el proceso se busca generar una propuesta de gestión del programa institucional de inversiones para infraestructura. Esto a través de una mejor planificación y organización, con sistemas de gestión eficientes, modernos y ajustados a las diversas necesidades institucionales.
Durante la intervención, la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones dependerá jerárquicamente de la Vicerrectoría de Administración, en lugar de Rectoría.
La resolución puntualiza que esto se dispuso para fortalecer la "transparencia e imparcialidad". Valga recordar que, según lo dio a conocer el diario La Nación el 29 de marzo pasado, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) estudia una denuncia contra el rector Carlos Araya, por el rol que desempeñaba para el momento de los hechos.
Ese mismo día, el académico rechazó los señalamientos en su contra y los calificó de "infundados, erróneos, descontextualizados y tendenciosos".
Falsedad en recepción
En el expediente 24-000192-1218-PE, la Fiscalía investiga una supuesta falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, relacionada con la supervisión realizada desde el despacho cuestionado entre 2017 y 2020, sobre la construcción del laboratorio Ciclotrón.
Sin embargo, la denuncia que originó esa causa penal, como lo dio a conocer Teletica.com, refiere la recepción de una serie de obras que, en apariencia, no estaban completamente operativas o que solo podían utilizarse parcialmente.
Esas estructuras, incluido el Ciclotrón, se construyeron con un empréstito suscrito por el Gobierno de la República con el Banco Mundial (BM) en 2012.
Por este caso fueron detenidos el 5 de febrero (día de las diligencias) dos funcionarios de apellidos Cotter y Soto (mujer). Ambos fueron posteriormente liberados y suspendidos de sus cargos por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Nuevos casos
El 20 de marzo anterior, el representante de los colegios profesionales ante el Consejo Universitario, William Méndez, reveló mediante una declaración pública que la Contraloría Universitaria emitió un oficio que describe una serie de presuntas irregularidades en la construcción de cuatro edificios.
Por ello, el órgano acordó presentar una denuncia sobre el particular ante la Fiscalía General de la República.
"No vamos a encubrir a nadie y esto reafirma nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción", subrayó el representante ante el Consejo Universitario.
Además del Ciclotrón, se señalan supuestas anomalías en los edificios de la Escuela de Artes Musicales, del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar), así como de aulas y laboratorios de la Sede Regional del Atlántico.
De hecho, la Contraloría Universitaria indicó en su misiva OCU-167-2025 —en poder de este medio— que las infraestructuras en cuestión eran objeto de un estudio hasta el 10 de marzo anterior.
