Centroamérica 2024: los depredadores de la democracia al acecho

Dr. Alexander López / Académico de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Finalizo el año 2023 con la incertidumbre de qué pasará en Guatemala, esperemos iniciar el 2024 con la alegría de ver una transición democrática y pacífica. Este caso me lleva a reflexionar sobre el gran momento de inflexión que vivió la región a finales de la década de los ochenta, cuando en el año 1987 se firma Esquipulas II sobre la base de tres pilares: democracia, paz y desarrollo, cuyo contexto era la finalización de los conflictos internos en la mayoría de los países de la región, la puesta en marcha de procesos electorales democráticos y la necesidad de recuperar décadas perdidas de desarrollo económico. 

Sin embargo, 36 años después parece que el sueño democrático en la región, más que eso, está siendo una pesadilla, en donde los casos de Nicaragua y Guatemala, y de alguna manera El Salvador, revelan la fragilidad del pilar democrático del Acuerdo de Esquipulas.

Con respecto a Guatemala, la erosión de las instituciones democráticas ha ido avanzando cada vez a mayor velocidad, allí al igual que en Nicaragua, se está experimentando una cooptación del Estado por un grupo de interés, que además de su poca capacidad para dirigirlo, ha incurrido en graves casos de corrupción. 

Es decir, la combinación de la ignorancia con las conductas delictivas es el peor ‘combo’ que puede experimentar la región. Esto ha hecho que los diferentes índices que miden la calidad de la democracia en América Latina sitúen habitualmente a Guatemala y Nicaragua en los últimos lugares.

Ahora bien, esta situación política viene acompañada de una realidad económica que es la otra cara de la moneda, se está frente a un país con un grado de pobreza que, según el Banco Mundial, para el 2022 alcanzaba la cifra de 59%, y con un grado muy alto de desigualdad y exclusión social. Es de destacar que esta misma fuente señala que el 35% sobrevive con las remesas enviadas desde el exterior, Guatemala es después de México, el país que más remesas recibe en Latinoamérica.

Lo anterior, pese a que Guatemala es la mayor economía de la región, con un PIB total de cerca de US$86.000 millones, y a pesar de que su crecimiento ha sido bastante estable, cerca del 3.5% en los últimos años. Sin embargo, es claro que esta ‘estabilidad macroeconómica’ solo ha favorecido a un pequeño sector de la población.

El caso de Nicaragua es muy grave, pues representa un claro incumplimiento al Tratado de Tegucigalpa, la violación a los derechos humanos y a la sistemática vulneración de los principios del juego democrático, que debería ser suficiente para que Nicaragua no sea más parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Tal y como ha sido expuesto recientemente por Félix Maradiaga en un artículo en el diario La Prensa, el Protocolo de Tegucigalpa en su artículo 4 no admite excepciones en donde el inciso a, señala a la letra que la tutela, el respeto y promoción de los derechos humanos constituyen la base del Sistema de la Integración Centroamericana, lo anterior se ve reforzado por el inciso i, en donde se establece el respeto a los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, otra razón más para argumentar que Nicaragua no debe pertenecer más al SICA, mucho menos ahora que ha renunciado a ser miembro de la Organización de Estados Americanos.

En este sentido, alarma, pero no sorprende, la pasividad de los Estados de la región frente a la situación en Nicaragua, posiblemente si se aplicara el espíritu del Acuerdo de Esquipulas y el Protocolo de Tegucigalpa, nos quedaríamos solo con la mitad de los miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, y es que en honor a la verdad así de mal está la región.

Ahora bien, el tema del déficit democrático no opera en un vacío, sino que tiene una marcada relación con los otros dos pilares del Acuerdo de Esquipulas: paz y desarrollo, y ahí enfrentamos grandes desafíos, pues el tema de la reducción de la desigualdad y de la pobreza se ha estancado y más bien en algunos países han comenzado a elevarse.

Hay discriminación social, territorial, étnica, de género, que choca con la nueva conciencia de derechos. Un segundo elemento que acompaña este déficit democrático es la brecha creciente entre las nuevas demandas y expectativas ciudadanas, y un sistema político elitista con un aparato estatal de capacidad menguada.

Un tercer factor es que existe un lento crecimiento económico, y un aumento del desempleo y del empleo informal. La democracia tiene que ser capaz elevar las condiciones de vida sostenidamente, debe mostrar resultados palpables, y este desde luego es un gran reto.

Finalmente, existe un enorme desafío que tiene que ver con preservar el orden público, acosado en varios países por la violencia, el crimen organizado, la corrupción y la incapacidad de las policías y los sistemas judiciales. Lo anterior es tarea fundamental del Estado, pues se arriesga seriamente la gobernabilidad y la legitimidad del mismo en el uso de la fuerza.

En conclusión, tal y como señalan Levitsky & Ziblatt, (2018) en el libro Cómo mueren las democracias, la democracia está muriendo por el rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas del juego, la negación de la legitimidad de los adversarios políticos, la tolerancia o fomento de la violencia y la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación, este parece ser el caso muy claro de Nicaragua y Guatemala y ciertamente el caso de El Salvador, también preocupa.