Nuestros compromisos ambientales con el mundo

Costa Rica es firmante de muchos convenios. Concretamente, señala el licenciado Jorge Cabrera, de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Costa Rica, “nuestro país es firmante del 97% de los convenios medioambientales en el mundo; casi no hay ninguno del que no seamos parte”.

Hoy, en el día mundial de la Protección de la Naturaleza, repasamos los principales convenios a los que pertenece Costa Rica y analizamos el estado del cumplimiento de algunos de ellos. En resumen, para Cabrera, la aplicación de estos convenios es “muy variada y dispar, especialmente a la hora de ‘domesticarlos’ o adaptarlos a nuestra legislación”.

El total de convenios firmados por la República de Costa Rica ya alcanza los 20, pero se dividen en cuatro grandes grupos: los convenios de la biodiversidad (determinan la gestión de recursos genéticos, vida silvestre exótica y masas de agua terrestres), los de la atmósfera (el más reciente de ellos es el Acuerdo de París, que busca regular los denominados gases de efecto invernadero), convenios de químicos (regulan el tratamiento de residuos y exigen medidas sobre el uso de mercurio, por ejemplo), y por último, mares (entre los más destacados convenios de mares está el CONVEMAR, que regula los modelos de gobernanza marina y restricciones de pesca).

Biodiversidad

El más importante de los convenios sobre la biodiversidad que ha firmado Costa Rica es el Convenio sobre la Diversidad Biológica,  en Río de Janeiro en 1992. Fue gracias a este compromiso internacional que nuestro país luego promulgó la ley de Biodiversidad de 1998, donde estableció, por primera vez en la historia de nuestra democracia, los parámetros para que el país pudiera iniciar la investigación necesaria para generar nuevos medicamentos, productos farmacéuticos y cosméticos a partir de la biodiversidad dentro de nuestras fronteras. “Si antes no se regulaba cómo se extraían y procesaban recursos naturales para usos de este tipo, esto llegó a introducir la extracción y consumo sostenible de la biodiversidad nacional”, apunta el especialista en derecho ambiental.

Fue gracias a este convenio, explica Cabrera, que Costa Rica más adelante firmó la Ley de Conservación de Vida Silvestre y, eventualmente, también firmó un decreto para controlar la sobrepoblación de especies exóticas, como el pez león, en nuestras costas.

El pez león, una especie invasora que amenaza el hábitat marino en el Caribe.

Nuestro país también es firmante de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, en corto: CITES. Este convenio del género de la biodiversidad fue firmado en Estados Unidos en 1973 y fue gracias a este compromiso internacional que hoy Costa Rica no comercia con las aletas de tiburón. “Fue gracias a CITES que se estableció que, para poder exportar las aletas de tiburón martillo, se debía generar un informe técnico para comprobar que su comercio no afectara a la especie. Al hacerlo y comprobarse que sí, que este comercio amenazaba a una especie protegida, se determinó que este tipo de exportación es prohibida”.

​También forma parte de la lista de convenios sobre la biodiversidad el de Ramsar, que entró en vigor en Costa Rica en 1992 y que ha determinado 12 puntos protegidos bajo la categoría de Humedales de Importancia Mundial. Según el especialista, el cumplimiento de este convenio es el más carente en nuestro país. Volveremos al tema más adelante, para explicar por qué uno de nuestros compromisos internacionales más importantes es también uno de los que más sufren por incumplimiento.

Atmósfera

El convenio más famoso de este grupo son los Acuerdos de París, firmados en la capital francesa en 2015 y que contemplan el plan de descarbonización que hoy ejecuta el Gobierno nacional. “A partir de este acuerdo, se han generado nuevas estrategias agrícolas para el café y el ganado, con el fin de que estas sean congruentes con los esfuerzos para mitigar el cambio climático”, apunta Cabrera.

El segundo más conocido dentro de este grupo es el Protocolo de Montreal, que se deriva de la Convención de Viena y entra a regir en 1987. Al formar parte de este compromiso internacional, Costa Rica decide empezar a restringir la importación de materiales que desgastan la capa de ozono, como los refrigerantes y aires acondicionados. “A raíz de Montreal, Costa Rica ha emitido regulaciones para el uso y mantenimiento de refrigerantes en el país y también pudo crear una reglamentación sobre la forma en la que operan las licencias de importación de estos productos”, detalla el especialista.

El presidente Carlos Alvarado ha centrado su discurso político en torno al programa de descarbonización, especialistas dicen que existe una hoja de ruta aunque todavía no se puede valorar su cumplimiento.

Químicos

El Convenio de Basilea sobre el Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación entró en vigor en 1992. Gracias a este protocolo, Costa Rica empezó a implementar un sistema de control global de los movimientos de desechos. “A raíz de Basilea, cualquiera que quiera importar o exportar residuos peligrosos en nuestro país debe contar con el consentimiento informado previo que establece distintas prohibiciones y procesos”, explica Cabrera. De este convenio se derivan leyes como la Orgánica del Ambiente y la de Gestión Integral de Residuos.

Otro convenio que ha tenido un peso importante en la legislación nacional ha sido el de la Convención Minamata sobre el uso de mercurio, del cual Costa Rica forma parte desde 2013. Este compromiso internacional ha sido especialmente sonado en la región de Abangares, donde era común el uso del mercurio y el cianuro para extraer oro de manera artesanal. Debido a los riesgos que esto supone no solo para la población y vida silvestre colindante, sino concretamente para las personas que trabajan con estos químicos, su uso está prohibido en Costa Rica. 

El año pasado se había aprobado una Ley de Fortalecimiento y Mejoramiento Ambiental de la Minería Artesanal en Abangares, sin embargo, cuando fue enviada a consulta a la Sala Constitucional, esta dictaminó que el proyecto era incompatible, precisamente porque incumplía con los compromisos adoptados en la Convención de Minamata.

Mares

De los convenios sobre la protección de nuestros mares, destaca el CONVEMAR, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, considerada uno de los tratados mundiales más importantes de la historia desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas. Ha sido calificada como la Constitución de los océanos y entró en vigor en 1994.

Gracias a este convenio, Costa Rica hoy cuenta con una regulación adecuada que establece los modelos de gobernanza marina y restricciones de pesca o cómo reducir la contaminación en el mar, entre otros. “Nos ha servido de estímulo para tratar de mejorar nuestra gobernanza de recursos marinos en nuestra Zona Económica Exclusiva,” explica Cabrera. “Para gobernar la pesca del atún, por ejemplo, este proyecto nos ofreció los parámetros sostenibles para regular donde y con qué tipos de arte de pesca se puede hacer”.

​La CONVEMAR fue uno de los múltiples argumentos que se utilizaron para la prohibición de la pesca de arrastre, ya que tiene que ver con la protección y el uso responsable de los recursos marinos.

Actualmente, Costa Rica está analizando y trabajando la posibilidad de formar parte de un nuevo convenio, que es el Convenio sobre Alta mar, que busca regular y generar áreas protegidas en nuestro territorio marino, apunta Cabrera.

Mapa de los 12 puntos Ramsar en Costa Rica, donde destaca Palo Verde, que aparece en el registro de Montreaux de humedales amenazados.

Un punto de inflexión

Aunque Costa Rica tiene un cumplimiento aceptable de la mayoría de los parámetros dictados por estos convenios, hay uno en el que flaquea. Y la organización detrás del convenio en cuestión, que es la Convención Ramsar, vigente en el país desde 1992, fue quien señaló este fallo.

Ramsar tiene una lista de humedales en peligro, que se llama el registro de Montreaux. “Palo Verde está en este registro, porque el humedal está siendo amenazado”, apunta Cabrera. ¿A qué se le puede atribuir este peligro? En la mayoría de los casos, a los cultivos que rodean estas áreas protegidas.

“Las actividades que se hacen cerca de los humedales, como la siembra de piña y de arroz, contaminan estas zonas y las ponen en riesgo”, señala el especialista. Esto ya ha sido reportado, por ejemplo, en otras zonas del país, como Sierpe. Ahí, guardaparques han denunciado el uso de plaguicidas en cultivos de arroz que luego, con las lluvias y el flujo de los ríos, se cuelan en los humedales y matan a la fauna que habita en las zonas afectadas. El agua de sembradíos continúa siendo un tema controversial en la zona, que también depende de estos cultivos por la actividad económica que generan.