Uno de siete: Gobierno sigue perdiendo cuando va a la Sala Constitucional

El Gobierno sigue perdiendo sus partidos cuando se va al terreno de la Sala Constitucional. 

En 14 meses que suma la administración de Rodrigo Chaves Robles, solo en uno de siete pulsos ha salido airoso, el resto han sido condenas por intromisión de poderes, irrespeto a la institucionalidad y ataques a la libertad de prensa.

El último de esos duelos lo perdió ayer, cuando la Sala Constitucional respaldó una serie de quejas contra la destitución arbitraria que el Consejo de Gobierno realizó, en diciembre anterior, de cinco miembros de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

En esa oportunidad, el Ejecutivo, comandado por el mandatario Chaves, alegó una serie de supuestas ilegalidades cometidas por los funcionarios, entre ellos nombramientos ilegales y la aprobación del cuestionado aumento salarial del año pasado.

Ayer, los magistrados le recordaron al Gobierno que la destitución de los directivos de la Caja no es una potestad del Poder Ejecutivo y mucho menos cuando no existe ningún acto ilegal probado.

Por esa misma razón, ordenaron la restitución inmediata de los directivos separados y la anulación en el nombramiento de los que el Gobierno de Chaves puso en su lugar.

Cadena de pifias

El pulso de la administración Chaves Robles en sede constitucional ha sido, cuando menos, constante.

Si bien muchas de esas resoluciones han sido declaradas parcialmente con lugar y se ha condenado al Ejecutivo, este ha celebrado esas salvedades como victorias y ha insistido en defender la valía de sus posturas.

El primer episodio llegó a inicios de octubre pasado, cuando los magistrados dejaron sin efecto un oficio en el que la exministra de Salud, Joselyn Chacón, obligaba a los funcionarios de esa institución a tener una autorización previa para atender a la prensa. El recurso de amparo, presentado por el medio CRHoy, fue declarado parcialmente con lugar precisamente en ese aspecto de restringir las declaraciones a la prensa.

La segunda resolución tuvo lugar a mediados de ese mismo octubre, luego de que la Sala resolvió parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado contra la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, por la periodista Vilma Ibarra. Esta última alegó que la exjerarca emitió una directriz a los diferentes ministerios e instituciones del Estado para no pautar en los medios Amelia Rueda, CRHoy, La Nación y Canal 7, así como no atender entrevistas en el programa Hablando Claro, del que ella es directora.

La Sala, si bien no logró demostrar que esa directriz existiera, sí condenó a Navarro a responderle las consultas a Ibarra y, además, advirtieron al Ejecutivo que “las prácticas que obstaculizan el acceso a la información, como lo es el impedir informar sobre determinados eventos o decisiones, rehusarse a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación, no invitarlos a formar parte de conferencias o ruedas de prensa (…) no pueden ni deben ser avaladas por un Tribunal Constitucional”.

El tercer fallo, y posiblemente el más sensible de todos, llegó el 21 de octubre, cuando los magistrados declararon con lugar, por mayoría, un recurso de amparo interpuesto contra el cierre del Parque Viva. La Sala no solo anuló la orden sanitaria contra ese centro de eventos propiedad del Grupo Nación, sino también que avalaba ese cierre por recomendación de cuerpos de emergencia.

"La razón de esta decisión es que, para la mayoría del Tribunal, esto constituye una violación indirecta a la libertad de prensa, libertad que es un elemento esencial de nuestro sistema democrático", explicó Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional.

Ese falló causó una reacción airada por parte de Chaves, quien cuestionó si el cierre de un comercio se puede considerar un ataque a la prensa y quien ha insistido en llamar “parque muerte” a esas instalaciones.

La Sala condenó al Estado al pago de costas y daños, pero los periodistas de La Nación, quienes ganaron el recurso, declinaron hacer esos cobros.

Este año, a finales de mayo, llegó la cuarta resolución contra el Ejecutivo y la primera, directivamente, contra el Presidente. Los magistrados condenaron a Rodrigo Chaves por calificar a un grupo de periodistas como “sicarios políticos”.

La resolución vino precedida de un recurso de amparo presentado por el periodista Jason Ureña del medio CRHoy, precisamente uno de los señalados por el mandatario en esa conferencia de prensa de enero anterior.

En esa oportunidad, Chaves utilizó esos calificativos para referirse a la persecución que dijo existía contra la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, quien reconoció públicamente el uso de troles para atacar a periodistas que cuestionaban su gestión.

La Sala argumentó que aunque a los funcionarios les asiste el derecho de formular críticas contra medios y periodistas, “ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos”.

En esta ocasión, también se condenó al Estado al pago de daños y perjuicios.

También en mayo pasado, el Ejecutivo se apuntó su única victoria en sede constitucional, cuando los magistrados rechazaron un recurso de amparo presentado por la Fundación Omar Dengo para intentar revertir el final del acuerdo que la fundación mantenía con el Ministerio de Educación Pública.

Aunque el tema no se tocó por el fondo, los magistrados rechazaron el recurso argumentado que esa no era una discusión para la sede constitucional, sino que se debería discutir en la vía ordinaria. 

El sétimo y último fallo fue contra el Ministerio de Hacienda, condenado junto a las autoridades tributarias a entregarle al empresario Leonel Baruch el informe técnico que el ministro Nogui Acosta aseguró existe en el caso de supuesto fraude fiscal contra el banquero.

Ese informe, del que los diputados dudan si existe, aún no se conoce en ninguna sede. 

En el aire también está otra de denuncias contra el mandatario y su gobierno, incluida una que Baruch prometió plantear contra Chaves una vez que este deje de ser presidente, acusándolo de dañar su honor y reputación por las acusaciones de ese presunto "megacaso".