Poder Judicial propone priorizar juicios con testigos protegidos y extender récord de antecedentes
Propuestas son parte de la discusión que los supremos poderes mantienen para combatir la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado.
El Poder Judicial presentó este jueves a los poderes Ejecutivo y Legislativo una lista de proyectos de ley que considera deberían tener prioridad en la agenda de los diputados para combatir la creciente ola de inseguridad en el país, así como el narcotráfico y el crimen organizado.
En esa exposición, a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, destaca una reforma al Código Procesal Penal para darle prioridad a aquellos juicios o diligencias judiciales donde los testigos estén en peligro o amenazados, pues hoy esa prioridad solo se ofrece en virtud de las víctimas.
Además, establece la inclusión de los femicidios y el soborno trasnacional como delitos en los que se podrían autorizar las escuchas telefónicas.
Las propuestas son parte de una discusión que mantienen los supremos poderes para poder atender la que han calificado como una emergencia nacional de seguridad.
“La inseguridad está aumentando y requiere la atención de todo el Estado. Aquí se trata de resolverle los problemas a la población y es obvio que el crimen organizado, el narcomenudeo y el narcotráfico nos está robando y asesinando a una generación de gente joven y afectando, por tanto, al resto de la ciudadanía”, dijo el presidente Rodrigo Chaves luego de la reunión en la que también participó Rodrigo Arias como cabeza del Congreso.
El Poder Judicial también propuso a sus homólogos una reforma para agilizar el anticipo jurisdiccional de la pena, de manera que los jueces estén obligados a tramitar, en cinco días hábiles, esas solicitudes y que además se impida la apelación en esas resoluciones.
Además, se propone conservar durante más tiempo la información contenida en el Registro Judicial de Antecedentes, de manera que para penas menores de tres años el registro se mantenga por tres años, pues en la actualidad este se borra de manera inmediata una vez cumplida la condena.
De igual forma, se establece que el registro se mantenga cinco años después para penas de entre tres y cinco años y una década en condenas por encima de los cinco años.
Finalmente, hay una propuesta para en casos de delitos culposos la policía judicial pueda proceder al levantamiento de cuerpos sin necesidad de que esté presente un juez, esto como una forma de agilizar esos procesos.
¿Para qué?
La idea de la reunión de esta noche y otra que se llevará a cabo el próximo lunes es que los supremos poderes puedan definir qué propuestas priorizar, o desarrollar, para combatir la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado.
En ese sentido, Chaves aseguró que ya existen consensos en temas como prisión preventiva, reformar la Ley Penal Juvenil o la Ley de Ejecución de la Pena.
Además, aseguró que ya instruyó a los ministros de Seguridad y Justicia, quienes estarán en esa cita del lunes, para colaborar en todo lo que se les demande en la materia.
“El simple hecho de que estemos hoy acá los tres presidentes de los supremos poderes de la República tiene que enviar un mensaje, que en esta pelea contra el crimen organizado Costa Rica va a estar unida”, finalizó el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.