OIJ sospecha que pandemia y Ley de Usura dispararon préstamos gota a gota en el país
Al 31 de julio anterior, el número de este tipo de extorsiones denunciadas ante el organismo llegó a 434, apenas nueve menos que en todo el 2022.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) apunta a que la pandemia del COVID-19 y la Ley de Usura serían las responsables del aumento sostenido en el número de extorsiones por préstamos gota a gota que enfrenta el país.
En audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el director del OIJ, Randall Zúñiga, aseguró que están realizando un estudio con las personas afectadas por este delito para determinar, con certeza, la causa de ese repunte.
“Hay dos hipótesis que se están dilucidando de ese estudio: la primera el COVID, que desplazó mucha gente a la informalidad, a la desbancarización; o una ley que se generó aquí en la Asamblea Legislativa, la Ley de Usura, que podría haber desplazado de la bancarización a ciertas personas.
“Estamos en ese análisis, hasta que no tengamos esta información de la entrevista que se hace a todas las personas víctimas de esto para poder obtener el dato fehaciente, pues no podríamos dar un resultado, pero hay una realidad, que es que a partir de 2020-2021 pasamos de un 11% a un 18% y luego a un 30% (de denuncias)”, aseveró el jerarca.
En número, Zúñiga precisó que mientras en 2022 se reportaron 443 extorsiones por este tipo de delito, al 31 de julio pasado la cifra ya llegaba a 434.
Usura
En junio de 2020 y luego de meses de férrea discusión, la Asamblea Legislativa aprobó, por amplia mayoría, un proyecto de ley para sancionar la usura crediticia, aplicando un interés máximo de 39% en las tasas que podían cobrar las entidades financieras formales del país.
Ese cambio, que pretendía reducir el impacto económico que los altos intereses tienen en los deudores del país, también fue advertido como un posible riesgo de exclusión, pues los bancos podrían excluir clientes que, con esas tasas, ya no resultaban atractivos.
Ese riesgo se empezó a materializar menos de un mes después con el anuncio del BAC de suprimir 187.526 tarjetas de crédito a 79.789 de sus clientes, cuyo riesgo crediticio no podía ser cubierto con los nuevos límites establecidos.
Ese ejemplo lo siguieron diferentes bancos y para enero de 2022, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) reveló que la ley había provocado la exclusión de unas 280 mil personas.
“Si bien no tenemos un perfil específico, es probable que se asocien a las personas con menores ingresos, que estas personas no es que no tengan la necesidad de crédito, sino que las desplazamos para que sean atendidas probablemente en un mercado informal y probablemente a mayores tasas”, dijo en aquel momento la superintendente Rocío Aguilar.
Aguilar sí reconoció que la ley consiguió aliviar el pago de tasas de interés para al menos 1,2 millones de usuarios del sistema formal, pues todos ellos pagan intereses por encima del 42%.
La tesis del OIJ es que muchas de esas personas excluidas son las que empujan los altos índices de los llamados préstamos gota a gota, que en muchos casos son manejados por grupos criminales que cobran elevados intereses semanales y luego extorsionan a sus deudores con amenazas.
