Por Paulo Villalobos |22 de febrero de 2024, 13:26 PM

Aunque considera que el debate público no puede reducirse a cancelar la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, aseguró que le interesa pagar, siempre que se tenga claridad.

Esa afirmación la hizo la tarde de este jueves, durante una reunión que mantuvo con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, en la que ahondó en las implicaciones para el país del traslado de un 40% de tres créditos internacionales por ¢210 mil millones que en un principio se contemplaron como ingresos en el Presupuesto Nacional 2024.

"No podemos plantear que el escenario único y exclusivo es el tema de pagarle a la Caja. Por supuesto que a mí me interesa pagarle a la Caja, pero me interesa pagarle en un contexto de claridad para nosotros y para ellos. Todavía hay ¢53 mil millones que tenemos que conciliar, y si agregamos ¢85 mil millones (los del 40% que se concederían a la institución administradora de los hospitales públicos), vamos a tener ciento y resto mil de millones ahí parqueados", subrayó el jerarca.

Acosta enfatizó en que los préstamos en cuestión, otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alianza Francesa para el Desarrollo (AFD), funcionan como mecanismo de financiamiento y que se caracterizan por ser baratos, por tener plazos extensos, así como para basarse en condiciones y resultados, como la descarbonización, en el caso concreto.

El titular de Hacienda recordó que, hasta ahora, se ha transferido el 10% de los empréstitos a la Caja, dándose incluso un caso en el que la institución ni siquiera fue capaz de recibir la totalidad de los recursos.

La diferencia en ese porcentaje que se debe transferir es de unos ¢63 mil millones, según los cálculos del ministro. Dicho monto equivale al presupuesto de cinco instituciones.

En esa línea, el jerarca enfatizó en que, de proceder tal cual lo pretende la mayoría de la oposición, se establecería un destino específico y se reduciría la capacidad de financiar el gasto que aprobó el propio Congreso para este año.

Para Acosta, esta situación pondría en riesgo el cumplimiento de metas fijadas para la emisión de eurobonos.

A ello sumó que, para poder cumplir con el financiamiento pendiente, sería necesario gastar ¢2.400 millones anuales para el pago de intereses, lo cual traería consigo más problemas, en el tanto que sobre el presupuesto actual pesa la regla fiscal, lo que significa que, de darse un aumento en los gastos por dicho concepto, se estrujarían otros egresos.

​El titular afirmó que la actual administración sí le ha pagado a la Caja y destacó que, fuera de los aportes a la seguridad social, a diciembre pasado se habían pagado ¢604 mil millones.

No obstante, insistió en que, como funcionario público, está obligado a pagar "sobre lo consolidado" y, en esa línea, mencionó que existen "problemas con la veracidad" de la información de la Caja. En ese escenario, recordó que se han encontrado cobros por casos de hombres con cesáreas, de personas con 200 años de edad o de niños con edades superiores a los 30 años.

Por todo lo anterior, el titular externó su deseo porque el Parlamento se incline por un "razonable" 10%. De lo contario, afirmó, "no sería viable" seguir adelante con estos préstamos para este, ni para ningún otro gobierno.

La moción impuesta por el grueso de la oposición en la Comisión de Asuntos Económicos, de disponer el traslado del 40% del préstamo a la Caja, surgió a modo de castigo al oficialismo, por incumplir un acuerdo previo de usar el 30% para esos fines, al presentar mociones para eliminar o reducir ese porcentaje.

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