Marta Acosta: Proyecto de referendo se centra en desmantelar competencias de la Contraloría

La contralora general, Marta Acosta, aseguró este miércoles que el proyecto de ley que presentó este miércoles el presidente Rodrigo Chaves, para consultar mediante un referendo, se centra “casi por completo” en desmantelar las competencias y funciones de la Contraloría General.

En un pronunciamiento enviado a los medios de comunicación, Acosta aseguró que el proyecto de ley, que entre otros pretende reformar seis artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría, “suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses”.

“Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública”, aseveró Acosta.

La contralora, que adelantó iniciará un análisis profundo y responsable sobre los efectos e impacto de las reformas planteadas, también tuvo palabras para los ataques que hoy realizó Chaves a su trabajo y el de la institución dirige.

“Como ha sido la norma en los argumentos del Presidente, acude como recurso a juicios de valor, falacias e irrespeto sobre cómo opera el Estado y la Contraloría General, así como con ataques alevosos a mí como Contralora, sin fundamento y sin medida, como ya le es usual, cuando carece de argumentación técnica y jurídica”, añadió.

En conferencia, Chaves criticó las decisiones “antojadizas” que dice toma Acosta y la Contraloría sobre proyectos como el de Ciudad Gobierno o la marina de Limón, ambos frenados por no cumplir con diferentes lineamientos legales.

Sobre los cambios presentados, el mandatario aseguró, junto a la ministra de Planificación, Laura Fernández, que en realidad todos buscan “fortalecer” el trabajo de la Contraloría y nunca debilitarlo, pese a que en las reformas se le restan potestades de fiscalización al ente contralor y, además, se restringen competencias actuales, como controles a priori que hoy posee.