Entre los hallazgos del ente contralor hay también 356 proyectos que reportan avance físico pese a estar en fase de preinversión, diseño, licitación o contratación.
Los procesos penales iniciaron a raíz de dos denuncias; una de ellas planteada contra el empresario hotelero que contrató el servicio.
Marta Acosta aseguró que aprobar ese proyecto sería un retroceso en el modelo de fiscalización de esa entidad y un riesgo “severo” para el control de los recursos públicos.
“Las razones son personales, ellos representan las cuatro instituciones morales más importantes de Costa Rica y en mi parecer no han cumplido con la moralidad requerida”, aseveró.
Diputados de oposición aseguran que la publicidad se orquestó desde Casa Presidencial; el oficialismo pide pruebas que demuestren esas afirmaciones.
Un repaso por lo más relevante del año que está a punto de terminar.
Marta Acosta planteó que se está frente a un dilema: de un lado, la situación fiscal y, del otro, la urgencia de invertir en educación como motor de la movilidad social.
La contralora dijo estar satisfecha con la resolución de la Sala Constitucional, que resolvió este lunes que la “Ley Jaguar” sí debilita los controles y fiscalización del ente contralor.
La Contralora General y la Ministra de la Presidencia dan sus argumentos acerca de este proyecto.
"Estamos esperando a ver si alguna de las organizaciones nos consulta, si alguna otra lleva una consulta o bien, haremos lo propio en el momento indicado", afirma Marta Acosta.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, lamentó, por su parte, que no se vaya a realizar el “debate sano” que planteó el presidente Chaves sobre la cuestionada “Ley Jaguar”.
El presidente Chaves, además, desafío a la jerarca de la Contraloría a un debate público junto a Laura Fernández para aclarar las posturas sobre la cuestionada “Ley Jaguar”.
