Inspección Judicial investigará supuesto conflicto de interés en “megacaso” de fraude

El Poder Judicial confirmó este jueves la apertura de una investigación disciplinaria de oficio para indagar el supuesto conflicto de interés denuciado por el presidente Rodrigo Chaves en el “megacaso” de fraude fiscal.

La pesquisa, a cargo de la Inspección Judicial, responde a lo externado por Chaves, cuando lanzó cuestionamientos contra la fiscala Criss González, quien fue la que solicitó la desestimación del caso. 

Según el mandatario, la funcionaria debió inhibirse en el caso pese a existir “un clarísimo conflicto de intereses” pues, según dijo, la fiscala fue “subalterna directa” de Leonel Baruch cuando este fue ministro de Hacienda (1998-2002).

Baruch es, precisamente, señalado por presuntamente haber cometido un fraude a la hacienda pública por ₡11 mil millones junto a su banco (BCT) y otras dos empresas panameñas vinculadas a él.

“El objeto de la investigación es sobre el presunto conflicto de interés expuesto ayer en esa conferencia de prensa como se indica.

“Se reitera que la investigación se abre de oficio en aplicación del artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a este órgano para hacerlo”, aseguró ese poder de la República.

Ayer, horas después de la conferencia de prensa, la propia fiscala remitió a los medios de comunicación su versión de los hechos.

Entre otras, explicó que laboró en Hacienda desde enero de 1999 en la dirección jurídica y que su jefa era la directora Dagmar Hering, pero que para el año 2000 solicitó un permiso sin goce de salario debido a que obtuvo una beca para estudiar una maestría en derecho internacional otorgada por los gobiernos de Chile y Estados Unidos.

“Tal y como lo señala el artículo 55 del Código Procesal Penal, no tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él”, dijo en relación con Baruch.

La Inspección Judicial aclaró que la investigación es preliminar y que no pueden decir que se esté investigando a un servidor o servidora judicial en específico. Añadió que tampoco tiene competencias en la investigación de carácter penal, pues eso le corresponde al Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales.