Gobierno lleva a Sala IV proyecto de rebaja de renta a trabajadores independientes

Con ocho firmas del oficialismo y dos más del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Poder Ejecutivo presentó una consulta de constitucionalidad por el expediente 23.578, que defiende la rebaja del impuesto de renta que hoy pagan los trabajadores independientes.

Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, confirmó que la consulta se presentó este jueves gracias al apoyo de los socialcristianos Carlos Andrés Robles y Alejandro Pacheco, que permitieron alcanzar las 10 firmas necesarias para el trámite.

“Tenemos serias dudas, hay una justificación técnica, porque tenemos dudas sobre la repartición de los beneficios. No se vale que los deciles 9 y 10, la gente con mayores ingresos, se lleven el 45% de la rebaja, o sea, ₡3 mil millones.

“La queja es cómo se distribuye el beneficio si realmente le va a llegar a las personas que menos tienen o no y si es equitativo, si tiene razonabilidad y proporcionalidad sobre cómo se va a distribuir ese beneficio”, afirmó Cisneros.

El proyecto, a grandes rasgos, reforma la Ley del Impuesto de Renta para aumentar el monto mínimo exento sobre el cual pagan ese tributo los trabajadores independientes: hoy ese límite es de ₡343 mil y con el proyecto pasaría a ₡520 mil.

Ese cambio, sin embargo, también altera el resto de los tramos gravados.

Quejas

La solicitud de revisión presentada se sostiene principalmente en aspectos como la no consulta al Poder Judicial del expediente pese a que, según el Ejecutivo, este afecta directamente su financiamiento; la ausencia de actas en la comisión dictaminadora (Hacendarios) y la lesión del derecho de enmienda ante la ausencia de del informe del Departamento de Servicios Técnicos.

Sobre el fondo, la consulta alega que se afectan los principios de equilibrio tributario de Hacienda junto al equilibrio mismo de los trabajadores.

“Este proyecto traería una reducción de ₡7 mil millones, ese es todo el presupuesto de la Defensoría de los Habitantes. En ese monto se va a reducir la recaudación de impuestos. ¿Cuál es el problema? Que atenta contra el equilibrio fiscal de Hacienda y que el 6% de todos los impuestos van al Poder Judicial y vamos a tener que empezar a darle menos por esa reducción en la recaudación.

“El otro tema que nos preocupa terriblemente es que no nos preguntan de estos proyectos, se están pasando sin siquiera darle audiencia a Hacienda, pero lo más complicado de todo, es que se hacen proyectos para beneficiar a los más ricos”, criticó el ministro Nogui Acosta.

Según el jerarca, de esos ₡7 mil millones que Hacienda dejará de recibir, solo ₡200 irán para los deciles más pobres (1, 2 y 3).

“O sea, 15 veces más los deciles 9 y 10 que los 1, 2 y 3, entonces hay un problema de justicia tributaria en esto. Si seguimos en esta línea, cada vez vamos a tener más desigualdad”, añadió.

El frenteamplista Jonathan Acuña, proponente del texto, criticó que el proyecto votado no tiene, por ninguna parte, un tema constitucional qué revisar.

“No encuentro por dónde puede existir una duda de constitucionalidad en esta materia, según la Constitución Política toda la materia tributaria tiene reserva de ley y nos corresponde a nosotros definir, por ejemplo, la escala de tarifas.

“No hay por dónde perderse, no hay nada que me parezca obvio o evidente que pueda generar una duda de constitucionalidad, entonces creo más que se debe han que se han venido oponiendo a esto y que otra vez se ponen en contra de las personas trabajadoras y en este caso de los trabajadores independientes”, sentenció.

¿Bloqueo?

El proyecto, que se votó en primer debate el pasado 23 de setiembre, tenía previsto votarse hoy en segundo debate.

Antes de esa votación, la Comisión de Redacción tenía que revisarlo y enviarlo al Pleno, algo que no ocurrió porque la ausencia de tres diputados impidió que hubiera cuórum.

Los ausentes fueron los oficialistas Paola Nájera y Alexánder Barrantes (ambos oficialistas) y Carlos Felipe García (PUSC), pese a que no es permitido que tres diputados se ausenten en una comisión con solo cinco miembros.

Nájera, presidenta del órgano, defendió que todo se debió a “una mala coincidencia”, pues ella y Barrantes solicitaron permisos en la comisión, pero García lo hizo vía el directorio legislativo.

“Yo por lo menos no me percato porque en el chat de asesores no hay ningún permiso registrado (de García) y cuando hicimos la autorización de esos otros dos permisos no se contabilizaba el de don Carlos Felipe, eso fue lo que pasó”, dijo.

¿Niega usted que se tratara de una decisión adrede para bloquear este expediente de renta?

“Jamás, jamás. No quisiera pensar que están tomando este error para desquitarse por el error que ellos sí cometieron con el proyecto de exmuelleros, porque jamás ha sido ese mi ánimo, es la primera vez en tres años que tengo como presidenta de la comisión que un error así ocurre.

“Fue una mala coincidencia, cosa muy diferente con el tema de exmuelleros donde fueron dos veces que se rompió el cuórum, yo tengo claras mis responsabilidades y mi interés es construir”, finalizó.