¿En qué consiste la reforma a la ejecución de la pena que impulsa el Poder Judicial?
La propuesta será parte de un gran “inventario de proyectos” a los que el Congreso se comprometió a dar vía rápida.
Un proyecto de ley para cambiar la forma y requisitos en que se otorga la ejecución condicional de la pena en Costa Rica fue el principal acuerdo de la “reunión de alto nivel” que protagonizaron hoy las autoridades de Seguridad y los diputados en la Asamblea Legislativa.
Se trata de una iniciativa impulsada por el Poder Judicial y presentada este lunes a los otros poderes de la República.
La magistrada y presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, explicó que el proyecto no es otra cosa que una aclaración necesaria sobre las potestades que tienen las autoridades que administran el sistema penitenciario y el control del Poder Judicial sobre las penas que dicta.
“Con la promulgación del Código Penal en 1970 se obligó a crear una ley de ejecución de la pena, pero las potestades del juez de ejecución de la pena sobre el control de ese castigo han estado en libertad, de alguna forma, porque han sido reguladas de manera reglamentaria, eso permite que existan ciertas subjetividades al momento de ejecutar las modalidades”, explicó.
Mientras tanto, el fiscal general, Carlo Díaz, añadió que la propuesta busca “subsanar” una deuda histórica que el país tiene en esta materia, tanto en sus procedimientos como en los alcances.
“La nueva ley establece un procedimiento de audiencias y regula los procesos de desinstitucionalización de las personas sentenciadas que hoy no existen, pone por ejemplo cumplir un tercio de la pena y regula otras cosas importantes como las medidas correctivas.
“En algunos casos, los jueces disponían medidas correctivas y decidían hacer liberaciones masivas de personas sentenciadas y esto no tenía apelación del Ministerio Público, ni siquiera por el Ministerio de Justicia, todo esto se corrige y se pone incluso el recurso de apelación en contra de estas medidas correctivas”, afirmó.
Junto a esa iniciativa, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, dijo que existe un gran “inventario de proyectos” a partir de las propuestas del Poder Judicial, las del Ejecutivo y los 30 proyectos que presentaron las seis fracciones legislativas.
La intención, según adelantó Arias, es que todos sean analizados por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y que sea esta la que defina un orden de prioridades para que la mayor cantidad posible reciban vía rápida y así, idealmente, se pueda aprobar “uno o dos por semana”.
Gloria Navas, presidenta de ese órgano, dijo que la tarea será analizar propuestas para que tengan “lógica y sentido entre sí” y entre el ordenamiento actual; o bien, evitar que puedan chocar entre sí o repetirse.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, destacó dentro de esas propuestas una que promete castigar con cárcel los llamados préstamos “gota a gota”, que dijo sirven para colocar el dinero del crimen organizado entre la población y, además, con intereses de usura.
Todas las autoridades presentes en la reunión dijeron salir satisfechas de la cita y destacaron que, por primera vez, se acordó una “verdadera política de Estado” para combatir de manera integral el avance del crimen organizado.
