Ejecutivo retiró sus proyectos de seguridad y convocó 22 de los diputados
Esa decisión pondrá a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a trabajar en 22 iniciativas que ellos mismos habían presentado al Gobierno como prioritarias.
El Poder Ejecutivo cumplió lo anunciado ayer por el presidente Rodrigo Chaves y retiró sus proyectos de seguridad para dar paso a los de los diputados.
Esa decisión, calificada ayer como un “berrinche” del mandatario por parte de los legisladores, pondrá a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a trabajar en 22 iniciativas que ellos mismos habían presentado al Gobierno como prioritarias.
En esa lista aparecen, entre otras, la Ley de Ejecución de la Pena (24.019); la Ley para Sancionar el Reclutamiento Ilícito de Personas Menores de Edad (24.028); la Ley para Fortalecer los Juzgados de Flagrancia (23.806) y la Ley de Código de Ejecución Penal (21.800).
“Hay unos de estos expedientes que ya están en Plenario y vamos a impulsarlos, otros están para entrar y esos los definen los jefes de fracción. Pero entonces, cuando nos reunamos como comisión, vamos a discutir las prioridades”, dijo la presidenta de la comisión, Gloria Navas.
Para hoy estaba previsto que la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y el de Seguridad, Mario Zamora, comparecieran ante el órgano; sin embargo, Navas desconvocó esa sesión al perder sentido en la planificación que se tenía con la convocatoria anterior.
“Habíamos planteado hacer mesas de trabajo y mejorar los textos, pero todo eso se chispoteó (sic) con la posición de ayer del Presidente, entonces ahora nos tocará revisar la nueva convocatoria e iniciar el trabajo inmediatamente”, añadió.
Los proyectos son solicitudes que habían planteado las seis fracciones legislativas meses atrás, pero que no fueron convocados en estas sesiones extraordinarias, pues la visión de Chaves y el Ejecutivo era impulsar los cinco proyectos presentados en abril pasado.
Esos textos, sin embargo, fueron cuestionados por el fondo y la forma, especialmente por la posibilidad de tener vicios de constitucionalidad que impidieran su aprobación.