Diputados no logran ponerse de acuerdo sobre comparecencia de Carlos Alvarado

Los jefes de las diferentes fracciones legislativas no lograron encontrar un punto de acuerdo esta mañana sobre la sede en la cual comparecerá el presidente Carlos Alvarado el próximo 10 de febrero por el caso UPAD.

La cita, donde el mandatario rendirá cuentas a los diputados por la creación de la fallida Unidad Presidencial de Análisis de Datos, originalmente se planteó para que fuera en el salón del plenario legislativo en virtud de la gran cantidad de diputados que quieren participar y las condiciones de aforo, transparencia y publicidad que se requieren.

Sin embargo, el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que suspender toda la labor legislativa y contar con la presencia de todos los diputados podría convertir la audiencia en una interpelación al mandatario, lo que iría en contra de la Constitución Política.

Esta mañana el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, propuso a los jefes de las diferentes bancadas que en aras de evitar esa confusión no se suspendan los demás órganos legislativos para ese día y que la comparecencia se lleve a cabo en una sala de comisión plena o bien en el salón de expresidentes del nuevo edificio legislativo.

“Lo que queremos evitar es que la gente lo vea como una interpelación y que se vea como lo que es, una comparecencia a una comisión investigadora”, dijo el diputado.

Su tesis fue respaldada por el PAC y por Liberación Nacional, cuya tesis es que no importa la sede pero que esta sí debe ser en la Asamblea Legislativa y respetando el acceso a la prensa y a los miembros de la comisión.

Sin embargo, el independiente Jonathan Prendas advirtió que esa decisión obligaría a restringir el aforo no solo por una cuestión de espacio sino además por la recomendación del Ministerio de Salud por motivo de la pandemia.

“No seré yo el que le diga a un compañero diputado que no puede ser partícipe de esa audiencia por un tema de espacio”, aseveró Prendas.

José María Villalta, del Frente Amplio, aseguró que la resolución de Servicios Técnicos es confusa y que no deja claro si efectivamente hay un riesgo de inconstitucionalidad en esa decisión, sino que solo lo sugiere como una posibilidad.

“La suspensión de los demás órganos legislativos tampoco es algo que no haya hecho esta Asamblea Legislativa antes, entonces no le encuentro sentido a ese oficio ni a esta discusión”, dijo Villalta.

Su tesis fue respaldada por Shirley Díaz (PUSC), Patricia Villegas (PIN) y Otto Roberto Vargas (Republicano Socialcristiano).

Cruickshank insistió en que la comisión no se puede abogar la potestad de elegir la sede y que las dos opciones propuestas serían el salón de expresidentes o la comisión plena; sin embargo, ante la falta consenso, el tema será discutido en el plenario legislativo al calor de los 57 diputados.

La comparecencia de Carlos Alvarado, que tendrá lugar a las 9:30 a. m., es la última que tiene agendada la comisión antes de brindar su informe definitivo.

Hasta ahora, la comisión ha señalado que fue el Presidente quien giró la orden de crear la Unidad que hoy investiga también el Ministerio Público y que se convirtió en el principal escándalo de la actual administración.