El informe legislativo también pide al Ministerio Público investigaciones contra la exministra María Fullmen y la directora de la Prodhab, Elizabeth Mora.
Ese, uno de los principales hallazgos de la comisión legislativa, fue admitido y justificado por el mandatario en su rendición de cuentas.
La comparecencia del presidente Carlos Alvarado, este miércoles, será el cierre de un largo proceso de alcances aún inciertos.
Los diputados de la comisión investigadora definieron hoy las reglas para esa audiencia.
El órgano insistirá porque se haga en el Plenario, en contra de la posición del presidente del Congreso y la advertencia de Servicios Técnicos.
Un grupo mayoritario de fracciones aboga porque esa cita se realice en el salón del Plenario, pese a la advertencia de servicios técnicos, el PAC y el presidente del Congreso.
Comisión solicitó al directorio sesionar en el salón del plenario ese día ante la gran cantidad de diputados que esperan participen del interrogatorio.
El diputado y exministro de la Presidencia aseguró que firmó ese decreto en el entendido de que era legal.
Pilar Garrido se desmarca de la firma que el exviceministro Luis Daniel Soto dio al decreto: “cada uno es responsable de sus actos”.
El excoordinador de la Unidad, Diego Fernández, así como los asesores Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, se abstuvieron de declarar ante la comisión legislativa.
El exministro de la Presidencia aseguró que tampoco participó de la génesis del convenio de traslado de datos con el Sinirube, aunque sí lo firmó.
El órgano, que supervisa imprecisiones jurídicas y errores de redacción, no fue tomado en cuenta para la firma del polémico decreto.
