Diputada que plantea excluir a OIJ de reformas: "Hay que fortalecer a ese grupo de expertos"
"Tampoco por estar en la función pública, la gente tiene que recibir salarios precarios", defiende la congresista del PLP, Kattia Cambronero.
"Ante esta crisis que tenemos de inseguridad, lo peor que puede hacer como país es debilitar ese conocimiento y debilitar un organismo tan importante, como lo es el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)".
Ese es el razonamiento con el que la diputada Kattia Cambronero Aguiluz se sentó, tres meses atrás, a preparar un proyecto de ley para excluir al personal "técnico-científico" de la Policía Judicial de las reformas legales que impactaron el cálculo de los salarios de sus funcionarios.
"Nosotros, cada día, necesitamos una Policía más inteligente, mejor capacitada, más técnica, más profesional. Desde esa perspectiva, creo que hay que fortalecer a ese grupo de expertos.
"Y es muy clara la cantidad de renuncias que se han tenido en el Organismo de Investigación Judicial porque las condiciones se han venido desmejorando y, pues bueno, también están en un mercado laboral que hace que otras empresas e instituciones se lleven a estos profesionales, que además sale carísimo para Costa Rica capacitar", aseveró la legisladora del Partido Liberal Progresista (PLP) en conversación con Teletica.com.
La congresista destacó que el país invierte más de ¢110 millones en la preparación de estos funcionarios; formación que además toma entre cinco y 10 años para llegar a los niveles óptimos.
Todos esos esfuerzos se pierden con el éxodo de servidores. Una muestra de ello es que tras la promulgación de la primera de las leyes antes citadas, el 3 de diciembre de 2018, la Policía Judicial registra 238 renuncias de personal que tenía propiedad, así como 75 interinos.
Estos representan el 37,3% de las dimisiones que reporta la Dirección de Gestión Humana de la Corte Suprema de Justicia desde entonces y hasta el 12 de enero anterior.
Sin embargo, la congresista fue enfática en que su propuesta incluirá únicamente a laboratoristas, forenses, médicos forenses, dentistas forenses y personal especializado en crimen cibernético.
A ellos deben sumarse jefaturas con "cierto nivel técnico". Por ejemplo, considera indispensable que el director general del Organismo de Investigación cuente con un salario diferenciado, que le permita sentirse seguro en su puesto de trabajo.
"No estamos hablando ni de puestos administrativos ni ninguno de ese tipo, sino profesionales en el área de la investigación y la ciencia", aclaró.
¿Y el resto?
Las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Marco de Empleo Público afectan por igual a todo el sector público. Otras instituciones, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), también sufren una fuga de talento.
Ante esta situación, este medio cuestionó a la diputada Kattia Cambronero Aguiluz si, de alguna manera, su propuesta podría abrir la puerta a reclamos similares a los hechos por distintos grupos de empleados; a lo que respondió:
"Es que en este momento no hay nada más importante para Costa Rica que la seguridad. Yo no encontraría, y en la exposición de motivos es clarísimo cómo vamos desarmando un órgano tan importante como la Policía Judicial, que es un órgano de inteligencia en la investigación de homicidios. El país tiene que invertir en eso.
"Yo soy totalmente consciente y mi discurso está muy en línea de tener un estado pequeño, pero eficiente. Pero también los costarricenses necesitamos tener a las personas apropiadas en los puestos de ese tipo. Desde esa perspectiva, yo no veo cuál otra institución de este país necesita una mejora como la que en este momento necesita el Organimso de investigación Judicial y creo que es más que justificada. Tampoco por estar en la función pública, la gente tiene que recibir salarios precarios".
En esa línea, defendió que el trabajo de este personal "no es cosa menor", sino que es la persecución de grupos y actos delictivos.
De igual forma, la legisladora rechazó que esta iniciativa implique un impacto en el gasto público, aunque explicó que los cálculos todavía deben terminarse de revisar. Se espera que el dato se incluya en la versión final de la propuesta, que está prevista sea presentada el próximo 26 de febrero.
