Congreso rechaza cambios a proyecto para salir de lista negra y pone en jaque al Ejecutivo
Hacienda insiste en que la salida propuesta provocaría pérdidas en recaudación por ₡12 mil millones, pues un grupo de grandes contribuyentes pagarían menos.
El Plenario Legislativo rechazó, este lunes, las reformas que el Ministerio de Hacienda pedía al proyecto para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes (lista negra) de la Unión Europea (UE).
Esa decisión aviva la amenaza de un eventual veto, una posibilidad que ya han mencionado el ministro Nogui Acosta y el propio Rodrigo Chaves.
El rechazo de estas 10 mociones de reiteración, presentadas por el frenteamplista Jonathan Acuña, dejaría clara la obligación de gravar todas las rentas pasivas extraterritoriales (rendimientos en el extranjero sobre capital de origen costarricense) solo para entidades no calificadas; es decir, contribuyentes que no posean una actividad económica formal en el país (recurso humano, infraestructura, gastos de operación etc.).
Esa salida, defendida por las fracciones de Liberación Nacional, Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y Nueva República, es contraria a la visión del Gobierno y también del Frente Amplio y el Progreso Social Democrático.
Estos últimos intentaron, sin éxito, que se mantuvieran gravadas las rentas extraterritoriales sobre recursos que se demuestren se originaron en Costa Rica, tal y como sucede en la actualidad.
“La UE nos dio dos caminos para salir de esta lista: gravar todas las rentas pasivas extraterritoriales o gravar únicamente las rentas pasivas extraterritoriales de entidades vinculadas a una multinacional y que fuese sin sustancia económica.
“El problema del modelo elegido, tal y como está, es que en lugar de arreglar el problema que nos señala la UE, provoca que rentas obtenidas en el extranjero por grandes empresas dejen de pagar impuestos tal y como sucede hoy, por eso he presentado estas mociones”, insistió sin éxito el frenteamplista Jonathan Acuña.
“¿Si el dinero fue producido aquí, si es con un negocio establecido aquí, con recursos nacionales que utilizaron para producir esa riqueza y si sacan ese dinero producido aquí para obtener una renta mayor en el exterior denme una sola razón de por qué no van a tener que pagar impuestos?”, cuestionó a su vez la oficialista Pilar Cisneros.
La aprobación del proyecto, en su versión actual, provocaría, según Hacienda y la propia Cisneros, una pérdida de ₡12 mil millones en recaudación de grandes contribuyentes que hoy obtienen réditos en el extranjero por sus inversiones de capital.
“¿Qué tiene que ver esto con salir de la lista negra y por qué les vamos a hacer este regalo a grandes y poderosas empresas?”, añadió Cisneros.
Con la discusión de estas mociones, el proyecto quedó listo para ser votado este martes en primer debate y recibir el segundo el próximo jueves, pues debe presentarse a la UE el viernes de cara a la reunión que tendrán el próximo 15 de setiembre. El veto, desde luego, impediría cumplir con ese cronograma.
Además, si la solución aprobada no es aceptada por ese grupo de países, Costa Rica se expone a sanciones económicas sobre sus inversiones actuales y futuras, incluidos el aumento de impuestos para las empresas europeas con negocios en el país o la negativa a préstamos y cooperaciones de índole internacional.
