Chaves cuestiona a Aresep por tarifas mínimas de revisión técnica vehicular
El mandatario dijo que analizará, junto al MOPT, posibles soluciones a ese costo mínimo que, por ley, tiene hoy el servicio.
El presidente Rodrigo Chaves aseguró que conversará, la tarde de este lunes, con el ministro de Transportes, Luis Amador, una solución a la tarifa mínima que, por ley, se debe cobrar por la revisión técnica vehicular.
El mandatario reaccionó con molestia ante la postura de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que recordó que el futuro concesionario de ese servicio deberá apegarse a los montos que hoy están establecidos.
“No se vale que el regulador diga 'ah no, no se puede, tiene que costar más alto', esa conversación la vamos a tener ahora en la tarde también, a mí no me parece que se valga y habría que hablar muy bien con la persona encargada de esa área porque cómo le explica usted al pueblo de Costa Rica poner precios mínimos cuando hay alguien que quiere vender más barato”, dijo Chaves.
El Presidente precisamente había insistido, la semana anterior, que la elección de ese concesionario temporal iba a surgir de una subasta pública, donde el que ofreciera el costo más bajo sería elegido. Desde la óptica de Aresep, eso no sería posible.
La solución del Poder Ejecutivo al problema de Riteve, cuyo contrato vence el próximo 15 de julio, era dar el servicio de manera temporal mediante la figura de uso en precario y por un plazo máximo de dos años, mientras se redacta y saca a licitación un cartel formal.
Esa idea, sin embargo, ha sumado diferentes detractores debido a su viabilidad legal.
Por ejemplo, la semana anterior diferentes expertos en derecho administrativo señalaron la ilegalidad de interrumpir el servicio como pretende el Gobierno, lo mismo que de suspender temporalmente la aplicación de multas de tránsito por circular sin revisión.
En esa línea, también cuestionaron la falta de consulta que esa solución tuvo ante la Contraloría y la Procuraduría, que confirmaron no haber emitido criterio alguno sobre la viabilidad de esa figura jurídica elegida por el Ejecutivo.
