Salud: Una agenda cargada de pendientes para 2025

El año que recién terminó estuvo cargado de informaciones alrededor del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Y el que recién comienza, no pinta de ninguna manera diferente.

Varios de los temas que resonaron en 2024, tendrán todavía repercusión en el 2025.

Por ejemplo, el caso policialmente Barrenador, en el que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga un escándalo de presunta corrupción en una compra de servicios médicos, estalló el 23 de setiembre anterior y mantiene por menos dos puntos todavía por resolver.

En primer lugar, a la fecha no hay claridad sobre quién asumirá las riendas de la institución administradora de los hospitales públicos del país. Valga recordar que la presidenta ejecutiva de la Caja es Marta Esquivel, pero esta abogada fue detenida y posteriormente suspendida del cargo como sospechosa de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato.

Inicialmente, el presidente Rodrigo Chaves designó en su lugar a quien era la jefa de despacho de Esquivel, Laura Ávila, mientras se resolvía una apelación que la jerarca planteó contra la medida cautelar que le fue impuesta. Luego, esta fue rechazada y, hasta la fecha, el mandatario no ha aclarado qué hará con la cabeza de una de las entidades públicas más importantes de Costa Rica.

La suspensión de Esquivel, de otros tres miembros de la Junta Directiva del ente que vela por la seguridad social y de su gerente general, postergó decisiones importantes.

Uno de los más inmediatos en los que se deberá tomar decisiones tras el receso de fin y principio de año, es sobre la controvertida licitación que dio pie a la trama de supuestas irregularidades para beneficiar a cuatro cooperativas y una asociación médica. Ello es relevante porque es compra de servicios se hizo para 10 áreas de salud y 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis), los cuales atienden a más de medio millón de personas.

Consultados por Teletica.com, tanto la vicepresidenta de la Unón Médica Nacional (UNM), Janice Sandí, como el vocero de la Unión Nacional de Trabajadores de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Deivis Ovares, coincidieron en que otro gran tema será todo lo relacionado con las condiciones laborales y salariales del personal de esta institución.

Y en ese contexto, debe mencionarse lo que ocurre con los médicos especialistas. El año pasado estuvo marcado por movimientos sindicales, dirigidos a ejercer presión para que dichas situaciones mejoraran. La paralización de la cúpula de la Caja, por un lado, y la falta de voluntad política, por el otro, impidieron que se cumplieran los acuerdos suscritos por las partes el 10 de abril pasado, para acabar con una suspensión de guardias que estos profesionales habían hecho por 10 días.

Desde entonces, decenas de doctores empezaron a renunciar a sus puestos, con la fe de que serán recontratados un mes después con el salario global, lo cual automáticamente implicaría una mejora —en una buena parte de los casos— a redoblar el sueldo de estos especialistas.

Frente a esta situación, y a la amenaza de hasta 600 salidas de este gremio, el Gobierno de la República decretó una emergencia sanitaria, que contempla, entre otras cosas, la posibilidad de que la Caja contrate a médicos extranjeros para venir a cubrir las vacantes que se abran por este movimiento.

Otro tema de trascendencia que aguarda por ser discutido en la Junta Directiva, es lo relacionado con el futuro del nuevo hospital de Cartago y el resto de portafolio de inversiones de la entidad. Valga recordar que ese proyecto cuenta con una férrea oposición del Poder Ejecutivo, que insiste en que la construcción debe llevarse a cabo en otro terreno, frente a un sector de la Asamblea Legislativa y organizaciones sociales, que abogan porque esta inicie a la mayor brevedad ante la urgencia que tiene la tercera provincia más poblada del país.

Cuando el pulso parecía haberlo ganado el segundo de los grupos, la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A., elegida para levantar el centro médico, renunció a hacerlo, lo que mantiene en el aire la discusión de si debe dársele el proyecto a la segunda en el curso.

Otro tema al que apuntaron los representantes sindicales que conversaron con este medio, es la urgencia de que el Gobierno retome el pago de la deuda que el Estado tiene con la Caja y que supera los ¢4 billones.

Resta por verse también cuál será el comportamiento del dengue en Costa Rica, tras un año con récord de contagios y los primeros fallecimientos por esa causa en más de 18 años.

De igual manera, está programada para el 11 de febrero próximo la entrada en vigencia de una ampliación en la lista de zonas de riesgo por fiebre amarilla, lo que implica la exigencia de una vacuna contra esa enfermedad para países muy visitados por los costarricenses, como Colombia.

Esta situación derivó en un desabastecimiento de los biológicos en farmacias y llevó a Salud a adquirir inmunizantes y colocarlos de manera gratuita entre el 26 y 27 de diciembre pasados.

Ahora, está previsto que en los primeros días del año, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) estudie la inclusión de ese biológico en la lista oficial de Costa Rica a partir del 2025.