Sala IV estudia recurso contra traslado de reos a nuevos módulos de máxima seguridad

La Sala Constitucional estudia un recurso planteado contra los traslados de privados de libertad a los nuevos módulos de máxima seguridad en el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela.

Se trata de un amparo planteado contra el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) por el abogado Rafael Rodríguez, en favor de seis reos transferidos a los recién creados "Espacios de Alta Contención".

La gestión se tramita desde el 15 de abril bajo el expediente 25-010559-0007-CO, según pudo constatar Teletica.com a través del Sistema de Consulta en Línea de la Corte Suprema de Justicia. Dicha plataforma, sin embargo, arroja que el planteamiento se analiza como un hábeas corpus (figura que protege a las personas de detenciones e incomunicaciones ilegítimas por parte de una autoridad).

En conversación telefónica con este medio, el jurista explicó que el recurso alega una presunta violación al debido proceso que disponen la resolución DVJ-008-04-2025 del Viceministerio de Justicia y la circular 3-2025 del Instituto Nacional de Criminología (INC), emitidas el 9 y 10 de abril, respectivamente.

Lo anterior, por cuanto los traslados se hicieron sin la existencia de un estudio previo de reubicación, sin la correspondiente comunicación a los reclusos y en contra de los derechos de defensa e impugnación que a estos les asiste ante medidas como las tomadas, reza el recurso.

El primero de los argumentos había sido previamente denunciado por Rodríguez en una entrevista publicada por Teletica.com el 14 de abril.

"Con la disposición se vulneran los derechos de las personas privadas de libertad, sin considerarse al efecto el riesgo a la integridad física de la persona privada de libertad ubicada. Se irrespeta el deber ineludible de las autoridades penitenciarias de respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad de los amparados", explicó el abogado.

Rodríguez enfatizó que, hasta la fecha, a ninguno de los privados que representa se les han comunicado las razones por las cuales fueron reubicados, ni la condición o criterio por el que se dispuso su traslado a máxima seguridad.

La gestión hace mención de distintas manifestaciones del ministro del ramo, Gerald Campos, en relación con la problemática surgida alrededor de la reubicación, a un mismo espacio, de reos pertenecientes a organizaciones criminales rivales, sin considerar los riesgos que esto podría representar para la integridad física de los reclusos.

Se apunta además que los módulos contemplados en los denominados "Espacios de Alta Contención" no reúnen las condiciones de infraestructura física requeridas para el perfil de los privados de libertad.

También se alega que, al momento de ser transferidos, a los reos no se les permitió llevar consigo sus pertenencias, pese a que estas habían sido autorizadas previamente por la Policía Penitenciaria, lo que provocó la perdida de dichos bienes y, como tal, su valor de adquisición.

Cartera defiende cambios

El Ministerio de Justicia señaló a este medio, a través de su oficina de prensa, que los movimientos en cuestión responden a decisiones administrativas fundamentadas en criterios técnicos, operativos y de seguridad institucional.

La institución sostuvo que la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) ha avanzado a la implementación de los "Espacios de Alta Contención" con el objetivo de aplicar un modelo de atención diferenciada a privados "con perfiles criminológicos, conductuales o de riesgo institucional elevado", que pueden "representar un riesgo para la seguridad ciudadana".

Asimismo, la cartera defendió que todos los traslados que se han realizado se han efectuado conforme a los procedimientos establecidos, sin necesidad del uso de la fuerza.

El Ministerio de Justicia rechazó que alguna de esas reubicaciones se hiciera sin el traslado de pertenencias o que se impidiera la comunicación con familiares, como en su momento indicó el abogado Rafael Rodríguez.

Lo anterior siempre que así lo permitieran los protocolos de seguridad aplicables, subrayó el departamento de comunicaciones.

En su respuesta a este medio, la institución acotó que cuando los reos se han mostrado preocupados por su nueva ubicación, sus manifestaciones han sido consideradas, de manera que han adoptado las medidas necesarias para preservar la integridad física de los reclusos.

La cartera argumentó que el Sistema Penitenciario Nacional enfrenta una persistente sobrepoblación carcelaria que ha derivado en una serie de órdenes emitidas por los juzgados de Ejecución de la Pena que han limitado las operaciones de varias prisiones. Tal situación ha motivado un "reordenamiento institucional estratégico", que busca ubicar a los privados en espacios determinados, según su perfil técnico y necesidad de contención.

Sobre la gestión en conocimiento de la Sala Constitucional, el Ministerio de Justicia adelantó que actuará conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico y que colaborará con los informes que se le requieran para asegurar la legalidad de los procesos implementados y el respeto da los derechos humanos de los reclusos.