Omiso e inconstitucional: BCR arremete contra propuesta de venta del banco

Los representantes del Banco de Costa Rica calificaron de omiso e inconstitucional el proyecto de ley que pretende la venta del conglomerado financiero para el pago de la deuda pública.

En comparecencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, el gerente general del banco, Douglas Soto, y el director jurídico, Manfred Sáenz, aseguraron que la propuesta presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves no aclarara aspectos fundamentales y básicos como la definición correcta del precio de venta del conglomerado o la forma en que, se supone, podría operar después la institución.

Puntualmente, Sáenz aseguró que primero hay un problema de constitucionalidad, pues la iniciativa se excluye de todos los procedimientos de contratación pública y no invita a participar a la Contraloría General, que no podría revisar o refrendar la negociación, pese a que la Constitución lo obliga.

Además, ofrecieron una larga lista de observaciones particulares que se incluyeron en la consulta presentada a la Asamblea Legislativa.

Por ejemplo, criticaron que el proyecto no precisa qué pasara con los 4 mil empleados que hoy tiene la institución ni tampoco cómo funcionaría su liquidación.

“Hoy la norma dice que si me liquidan y vuelvo a ingresar sin pasar el plazo de tiempo tengo que devolver la liquidación, nada de eso dice el proyecto, entonces no sabemos si el proyecto pretende que el BCR liquide a sus cuatro mil empleados para que los contrate la sociedad anónima”, dijo Sáenz.

La propuesta del Ejecutivo es que se cree una sociedad anónima que absorba todos los activos y pasivos de la entidad autónoma y luego esta se venda en partes o como un todo, con un precio que definiría el Consejo de Gobierno a partir de una asesoría financiera externa.

“El proyecto pretende crear una sociedad anónima a la que se le pasan activos y pasivos y luego dice que la institución debe seguir operando, ¿cómo si sus activos y pasivos están detrás del otro lado?

“No está resuelto el tema de los inmuebles, pasar todos los activos implica también que los clientes paguen ahora a la sociedad y no al banco autónomo, esa solución no está prevista. Y no dice el proyecto qué pasa si no se vende, si no hay interesados, ¿creo un cascarón y luego quién asume el gasto?”, insistió el director.

También cuestionaron ampliamente la posibilidad de que el banco se venda en partes, pues insisten en que esto afectaría considerablemente su valor final.

“No se pretende la venta del conglomerado completo, como un todo, sino en pedazos, por paquetes, mi experiencia es que ese no es el mejor mecanismo… Un conglomerado es una sinergia, cada empresa se sustenta en lo que banco le ofrece, en el momento en que ustedes desmiembren cada una de esas sociedades todas van a tener que suplir sus propias necesidades de manera autónoma, incrementado sus gastos y bajando rentabilidad, nada de eso está considerado en el proyecto.

“¿De verdad se quiere vender para pagar la deuda o esto se va usar de caja chica? ¿Cuál es el sentido de vender esto en pedazos? El valor de un conglomerado es un todo, pero si le empieza a sacar piezas al lego, el lego se va a caer”, dijo Sáenz.

Soto insistió además que el proyecto no explica cómo funcionaría el Poder Judicial por las relaciones comerciales y contractuales que hoy tiene ese poder de la República con el banco, por ejemplo la administración y control de títulos y valores para procesos activos, fideicomisos, el inmobiliario del Poder Judicial, etc.

Por esa misma afectación no resuelta, los magistrados presentaron un informe que refleja esa afectación y que obligaría a que el proyecto necesite de mayoría calificada para aprobarse; es decir, el apoyo de al menos 38 diputados.