Municipalidad de Cartago intentó, sin éxito, flexibilizar requisitos para ventas en Romería

La Municipalidad de Cartago intentó, sin éxito, flexibilizar los requisitos para que los vecinos de la provincia pudieran promover sus negocios a lo largo del recorrido hacia la Basílica de Los Ángeles.

La idea, según afirmó el alcalde Mario Redondo, era permitirle a ciudadanos comunes y pequeños vendedores ofrecer ventas de bienes o servicios que les permitieran “capitalizar” parte del recurso que genera la Romería.

“Si alguien quiere poner un puestito de venta estacionaria afuera, a la orilla de su casa, se ve impedido de hacerlo por una normativa que puede ser hasta confiscatoria, innecesaria y ciega a una necesidad que tenemos y una realidad de aprovechar este tipo de actividades para que la gente pueda mejorar su condición económica.

“Lo que hemos hecho es poner demasiadas trabas, que lo que generan es informalidad y entonces, lejos de lograr una recaudación, la municipalidad u otras entidades, lo que se genera es la informalidad de la gente. Imagínese que ahora el Ministerio de Salud está cobrando $100 para que la gente abra una patente”, criticó Redondo.

El jerarca aseguró que, con eso en mente, le presentó la idea a la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, pero esta no llegó a buen puerto.

“Lamentablemente, yo no logré convencer a la entonces ministra Natalia Díaz de ayudarnos a hacer este ajuste, pero espero que para el próximo año tengamos una visión distinta en el manejo de estos temas y la reactivación económica y el aprovechamiento económico de una visitación de esta naturaleza”, añadió.

Consultada, la actual ministra de la Presidencia, Laura Fernández, explicó que existe una comisión especial interinstitucional creada por decreto ejecutivo que, precisamente, vela por una Romería “segura y ordenada”.

Ese órgano, que involucra tanto a autoridades locales como a los ministerios de Salud y Seguridad, entre otros, generó una serie de requisitos que todos los involucrados debían cumplir, pero ninguno de estos, según Fernández, pasaba por la flexibilización de requisitos.

“Lo que comenta el alcalde Cartago es una gestión privada de él con la anterior ministra que nada tiene que ver con las funciones de esa comisión ni de ese decreto.

“Entiendo que fue algo que conversaron en privado, relacionado con habilitar o generar algunas excepciones o trámites extraordinarios para algunos comercios, pero no fue puesto en conocimiento de la comisión, ni fue un tema analizado ni tampoco uno que esté definido en sus competencias”, aseveró.

Redondo insistió en que esas regulaciones no solo impiden al comercio local crecer, sino que además le niegan recursos a la municipalidad y otras autoridades, y favorecen los negocios informales.

“Impedir que una asociación de desarrollo pueda poner ventas para fortalecer proyectos comunales o impedir que vecinos puedan ganar económicamente no debería. Una señora que tiene una casita a la orilla de la calle y quiere poner una venta de empanadas y aguadulce, se le ponen tantos requisitos que al final no lo pone y quien termina con las ventas y llenando de botellas de plástico todas las carreteras son los vendedores ambulantes que muchas veces ni de aquí de Cartago son”, afirmó.

El alcalde precisó que su idea, que retomará el próximo año, no pasaba por una liberación total de requisitos, sino ajustarlos a las posibilidades reales de los vendedores.

“Tampoco es la ley de la selva, el problema es que estamos en una posición extrema, la cantidad de requisitos es exagerada y ni Salud ni nosotros tenemos la cantidad de inspectores para velar por los cumplimientos, porque entonces los que actúan informalmente pueden hacerlo, entonces estamos yéndonos a un extremo que impide una actividad comercial sana”, finalizó.