Gobierno firma dos decretos con nuevas y tajantes medidas para migrantes

Tal y como adelantó el poder Ejecutivo el pasado 16 de noviembre, este miércoles se firmaron dos decretos cuya finalidad es limitar el movimiento de migrantes, atajar la saturación que se registra en las solicitudes de refugio y reducir el otorgamiento de permisos de trabajo.

El presidente Rodrigo Chaves defendió hoy, durante la emisión del Consejo de Gobierno, que la decisión se tomó en respuesta al “uso abusivo” que se le ha dado a la modalidad de permisos de refugio y que “afecta negativamente a las personas solicitantes de refugio que verdaderamente son meritorias de la protección internacional”.

“El país no está cerrando las puertas a la población extranjera, lo que estamos diciendo es que en Costa Rica las solicitudes de refugio (aquellas personas que sufren persecución por sus opiniones políticas, por su raza o religión) crecieron un 6.000% en los 10 años”, indicó Chaves.

Asimismo, en un comunicado emitido por Casa Presidencial, se señala que la Dirección General de Migración y Extranjería ha recibido 222.056 solicitudes de refugio desde 2018, de las cuales un 78% (172.689) todavía están pendientes de resolver.

Además, detalla que desde Migración se ha podido identificar que entre un 80% y un 90% de los solicitantes no califican dentro de la definición de protección internacional, ya que muchos de ellos son migrantes económicos, la mayoría de ellos nicaragüenses, o personas que llevan años viviendo en el país y que nunca se han regularizado.

¿En qué consisten los nuevos cambios? A continuación detallamos las dos principales variaciones que entrarán a regir a partir de la publicación de ambos decretos en La Gaceta.

Reglamento de Refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales

La nueva normativa establece que ya no se otorgarán más permisos laborales de manera inmediata a los solicitantes, quienes ahora deberán someterse al procedimiento interno que establece Migración para conceder estos permisos.

Además, con el nuevo cambio, quienes ya cuenten con un permiso de este tipo solo podrán renovarlo si comprueban que están inscritos o asegurados en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Quienes pretendan solicitar un permiso de protección internacional deberán hacerlo dentro de un mes natural a partir del día de su ingreso al país y solo podrán presentarse de manera presencial, sin necesidad de una cita. Además, estas personas deberán venir de su país de origen directamente, al menos que puedan justificar las razones por las cuales no solicitaron dicha protección en el país que se encontraban anteriormente.

Asimismo, los solicitantes ya no podrán salir de Costa Rica por ningún motivo mientras su solicitud se encuentre en trámite; en caso contrario, se considerará como un abandono del proceso y el trámite se archivará de manera definitiva.

Categoría Especial Temporal

Este decreto concierne a las personas nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela y entrará a regir a partir del primero de marzo de 2023 como la solución propuesta por el Ejecutivo para “liberar el sistema de refugio, el cual ha sufrido un uso abusivo de la figura”.

Entre los solicitantes que más afectados se verán por la nueva normativa están los migrantes económicos, es decir, aquellas personas que se hayan establecido en nuestro país en busca de un mejor nivel de vida y porque las condiciones y oportunidades de trabajo en su país de origen son insuficientes.

Migrantes económicos en Costa Rica

Desde los años noventa se ha pronunciado este tipo de migración, mayoritariamente por parte de nicaragüenses, quienes han llegado a asumir oficios en los cuales la participación de costarricenses ha caído drásticamente. Se trata de labores tales como las de plantaciones agrícolas, los servicios domésticos, la construcción y la vigilancia privada.

Es especialmente en el sector agro donde más se constata el rol de migrantes nicaragüenses en el funcionamiento de las operaciones, un hecho que se evidenció durante el cierre de las fronteras producido por la pandemia, cuando los Ministerios de Agricultura y de Trabajo emprendieron una campaña para legalizar la mano de obra de los trabajadores nicaragüenses.