Por Paulo Villalobos |18 de diciembre de 2024, 15:40 PM

El gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Gustavo Picado, solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) supervisar que se incluyan en los presupuestos nacionales los recursos necesarios para que el Estado haga frente a sus obligaciones con la institución.

Lo anterior, luego de que el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa advirtiera el martes sobre debilidades y deficiencias en el cobro de ese incumplimiento con el Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), lo que provocó que la entidad que vela por la seguridad social dejara de percibir ¢1,6 billones entre 2020 y 2023.

Aunque destacó como “positivas” las recomendaciones dadas por el ente fiscalizador en materia de facturación y reclamo de adeudos, el funcionario recordó que esta problemática no es una situación actual, sino que tiene un carácter histórico.

"No responde directamente a las gestiones cobratorias de la institución, sino por el contrario, a la ausencia de la inclusión en los presupuestos de la República de los fondos suficientes para cubrir las obligaciones señaladas", subrayó Picado.

A modo de ejemplo, el jerarca puntualizó que en el plan de gastos de 2025, el déficit de recursos para el financiamiento de las obligaciones con el Seguro de Salud asciende a aproximadamente ¢374.000 millones y con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, a casi ¢62.000 millones.

El gerente abogó así a un enfoque “más balanceado” del tema.

"Sería muy conveniente que la Contraloría General de la República también desarrolle una revisión minuciosa del proceso de elaboración y formulación del Presupuesto de la República, a cargo del Ministerio de Hacienda, pues sin un aumento significativo de recursos destinados desde un inicio para cubrir las obligaciones legales de financiamiento que tiene el Estado con los seguros sociales, la deuda seguirá incrementándose sin límite en los siguientes años, independientemente de las gestiones de cobro que puedan ejecutarse desde la Caja", indicó el funcionario.

El Estado mantiene una deuda histórica de más de ¢4 billones.

A ello deben sumarse más de ¢46.000 millones que Hacienda dejó de transferir a la Caja, que le corresponden por concepto del impuesto al tabaco.

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