Por Susana Peña Nassar |Por Jason Ureña |15 de marzo de 2024, 15:39 PM

El subgerente de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Gilberth Alfaro, y el subdirector de esa misma dependencia, Andrey Quesada, presentaron una denuncia penal por el contrato suscrito entre la institución y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para el desarrollo y la implementación del Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

Los denunciantes indicaron que el trámite es contra ignorado, "con la finalidad de que se investiguen los hechos que se exponen y se valore si estos podrían o no ser constitutivos de algún tipo penal".

El documento, al cual tuvo acceso Telenoticias, está dirigido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

"Manifestamos nuestra preocupación, dado que en el contrato de cita se evidencia una aparente separación entre las conductas de las partes contratantes y los procedimientos reglados de compra, una aparente falta de contextualización entre el objeto contractual y su ejecución, se evidencia en grado de probabilidad inconsistencias en la documentación y control del contrato, siendo esto, hechos que en nuestro criterio debe investigarse, pues se trata de una contratación de alta cuantía y relevancia social", dice la denuncia.

Este contrato fue firmado el 15 de diciembre de 2017. El 6 de marzo de 2023, la Junta Directiva de la CCSS aprobó una modificación contractual, por un periodo adicional de hasta 12 meses y un monto de 12.000 millones de colones.

Telenoticias dio a conocer, el pasado 4 de marzo, que el contrato vencía dos días más tarde, razón por la cual la Dirección Jurídica hizo una revisión de este.

Luego de ello, concluyeron que, si bien es cierto la modificación fue aprobada por la Junta Directiva, pese a no tener los requisitos previos necesarios, esta no se formalizó mediante el procedimiento de adenda correspondiente, por lo cual no cuenta con el procedimiento necesario para su materialización y consecuente entrada en vigencia.

Para la Dirección Jurídica, se podría estar en presencia de la configuración de una contratación irregular en detrimento del fin público y el ordenamiento jurídico.

"Se solicita que se inicie la investigación, pues en un contrato en donde se invierte una importante cantidad de fondos públicos, llama poderosamente la atención que no se cuente con controles rigurosos y trazabilidad de la información, por el contrario, la falta de rigor en controles y el aparente incumplimiento de procedimientos reglados, puede propiciar escenarios idóneos para favorecer conductas que contrario a derecho beneficien terceros", agrega la denuncia.

Los denunciantes también indicaron que hay un "grado de presunción" de que el porcentaje de subcontratación (contrataciones de la entidad seleccionada con terceros) podría ser superior al establecido por ley.

El pasado 7 de marzo, la Directiva de la CCSS evitó extender el contrato y más bien optó por una contratación de urgencia.

Consultada al respecto, la institución solo dijo a Teletica.com que "se confirma que hay una denuncia presentada en relación con el proceso de contratación y ejecución de la compra con el ICE en soporte a servicios del Expediente Único en Salud (EDUS)". Este medio intentó conseguir reacciones adicionales, pero el correo electrónico no fue respondido.

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