Política
Gobierno denuncia penalmente a funcionarios del ICE y Huawei por presuntas anomalías en contratos
El presidente Rodrigo Chaves aseguró en conferencia de prensa que, comparado a este caso, el escándalo ICE-Alcatel “es un juego de niños”.
El presidente Rodrigo Chaves aseguró en conferencia de prensa que, comparado a este caso, el escándalo ICE-Alcatel “es un juego de niños”.
El presidente Rodrigo Chaves anunció la destitución de la gerente general de la entidad porque fue una de las integrantes de junta directiva que votó a favor de una serie de pagos que ahora están bajo la lupa.
Al productor se le informó que se le pagaría hasta que termine la investigación legislativa, algo que según Sinart fue una respuesta “improvisada” de una persona no autorizada.
Funcionarios de esa dependencia acudieron al OIJ y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por "inconsistencias en la documentación y control del contrato".
Al parecer, varios funcionarios le entregaron esos documentos a un tercero sin ningún tipo de autorización y luego estos expedientes regresaron a la institución, sin lograrse determinar si fueron alterados.
La ABC asegura que la propia Constitución Política protege la información privada de las operaciones bancarias.
La superintendente alega que consultó a la Procuraduría para determinar si podía entregar esa información, pero que el Central no esperó por esa respuesta.
Se le atribuye al ministro no entregarle al banquero el informe técnico que sustenta el megacaso de fraude fiscal, tal y como lo determinó la Sala Constitucional el mes pasado.
El mandatario aseguró que el país no tiene recursos para atender ese millonario compromiso y cuestionó que la denuncia penal le llegue a él, pese a que otros expresidentes tampoco hicieron nada.
El exministro y empresario también presentó procesos contra el director de Tributación y la viceministra de Ingresos.
Caso fue dado a conocer este jueves por la mañana por las autoridades tributarias.
El principal está relacionado a un banco privado por un monto ₡11 mil millones. Las autoridades anunciaron que dejarán atrás los procesos administrativos y apostarán por perseguir penalmente a los evasores.