Banco Central denuncia penalmente a Rocío Aguilar por negarse a entregar información de deudores
La superintendente alega que consultó a la Procuraduría para determinar si podía entregar esa información, pero que el Central no esperó por esa respuesta.
La gerente Banco Central de Costa Rica denunció penalmente a la superintendente Rocío Aguilar por negarse a entregar información sensible de los deudores del sistema financiero nacional.
Así lo confirmó la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) mediante un comunicado de prensa.
Según Aguilar, la denuncia fue interpuesta en abril pasado por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
La superintendente alega que la junta directiva del Central le solicitó a finales de noviembre anterior tener acceso a “datos integrales” de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona que son remitidos a la SUGEF por los intermediarios financieros como para del desarrollo de sus labores de supervisión.
“La asesoría jurídica de la SUGEF ha considerado que la solicitud es contraria a los artículos 132 y 133 de la Ley N°7558, que declaran la confidencialidad de la información, documentos y operaciones de las entidades supervisadas a que tiene acceso la superintendencia y que almacena en sus bases de datos y sistemas; y en los que se prohíbe al Superintendente, Intendente, funcionarios y miembros del Conassif, suministrar información a terceros, salvo en aquellos casos de excepción que la misma ley ha definido taxativamente”, justificó la superintendencia.
“La SUGEF es del criterio de que la información solicitada por el Banco Central corresponde a datos privados y confidenciales de los clientes, los cuales no pertenecen ni a las entidades financieras ni a la superintendencia y se encuentran sujetos al régimen especial de protección tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968”, añadió.
Aguilar asegura que informó al Central que consultaría a la Procuraduría General de la República sobre su actuar y el fondo del asunto. Esa consulta se presentó el 23 de diciembre anterior.
La SUGEF calificó de “prematura” la actuación del Central pues se negó a esperar la respuesta del llamado “abogado del Estado”
Ese criterio llegó el pasado 3 de julio, y según Aguilar, contribuyó a “dimensionar las condiciones, protocolos y límites bajo las que procedería la entrega de la información”.
La jerarca aseguró que no brindará mayores declaraciones sobre el caso por respeto al proceso judicial.
