CCSS valora cobrar en vía judicial deuda estatal en transferencia de impuesto a cigarros

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estudia la posibilidad de iniciar un cobro judicial por la creciente deuda en las transferencias correspondientes al impuesto a los productos de tabaco.

Así lo dio a conocer la tarde de este lunes el gerente financiero de la institución administradora de los centros de salud públicos, Gustavo Picado.

"En relación con la deuda que se ha venido acumulando en los últimos años, dada la transferencia parcial de la totalidad de los recursos que le corresponden a la institución producto de la ley de impuesto al tabaco, la Gerencia Financiera, a través de sus instancias técnicas, ha llevado a cabo gestiones a nivel administrativo de cobro ante el Ministerio de Hacienda.

"Dado que no se ha tenido el éxito esperado, en este momento se está valorando interponer un proceso judicial a fin de recuperar los fondos no transferidos", explicó el funcionario.

Solo entre 2022 y setiembre de 2024, la entidad que vela por la seguridad social debió recibir por ¢37.651 millones correspondientes al 55% de los ¢68.456 millones que se recaudaron por concepto de venta de cigarrillos en ese periodo.

No obstante, únicamente se le trasfirieron ¢8.425 millones, según datos dados a conocer este lunes por el Área de Tesorería General de la Dirección Financiera Contable de la Caja.

La misma instancia advirtió que, hasta la fecha, la institución no ha recibido ni un colón por los tributos estipulados en la Ley de Regulación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina (SSSN) y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares, los cuales corresponden en su totalidad a la entidad que vela por la seguridad social. Ello a pesar de que la legislación en cuestión entró en vigencia el 20 de enero de 2022.

"De continuar la tendencia a la reducción de estos fondos, será necesario, sin duda alguna, la definición de nuevas fuentes de financiamiento para los programas e iniciativas que se han venido ejecutando y se tienen programados ejecutar, a través del proyecto de fortalecimiento de la atención integral del cáncer de la institución.

"Aquí, en este punto en específico, la Asamblea Legislativa tendrá un papel esencial en la definición de estas fuentes adicionales de financiamiento", expuso Picado.

Impacto negativo

Otras autoridades de la Caja de Seguro Social alertaron sobre las consecuencias derivadas de la disminución de recursos por concepto del impuesto a los productos de tabaco.

Lo anterior en el tanto que estos recursos se utilizan para la atención del cáncer, así como de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Por ejemplo, los dineros se han invertido en la adquisición de mamógrafos, ultrasonidos, máquinas de anestesia, ecocardiógrafos, torres de endoscopía, equipos para medicina nuclear, tomógrafos y aceleradores lineales.

Dichos equipos se han distribuido en diversos centros de salud, incluidos hospitales y áreas de salud, según la coordinadora del Portafolio de Inversión del Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer de la Caja, Maureen Rojas, lo que ha tenido un impacto significativo en la mejora de la calidad de atención brindada en dichos centros.

La funcionaria mencionó que actualmente los recursos recibidos de la ley se encuentran distribuidos en 26 líneas del portafolio de inversión. Actualmente, se encuentran en proceso 13 iniciativas más de proyectos, las cuales, una vez completado se determine si se cumplieron los requisitos, se integrarán al portafolio con su presupuesto asignado.

Por otra parte, la coordinadora de la Comisión de Implementación y Fortalecimiento de los Programas de Cesación de Tabaco de la Caja, Marny Ramos, mencionó que el impuesto permitió que la institución implementara paulatinamente programas de ayuda a los fumadores que dejan abandonar ese vicio. Una de esas iniciativas son las clínicas de cesación de tabaco y vapeo, que funcionan actualmente en 39 centros de salud diferentes.

En general, los recursos en cuestión son fundamentales para financiar programas de salud pública, tanto en la prevención como en el tratamiento, rehabilitación, equipamiento e infraestructura.

Los fondos a su vez respaldan proyectos clave en la lucha contra las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y sus derivados, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, destacó Ramos.

El director del Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer, Gonzalo Azúa, manifestó su preocupación frente a la disminución en los ingresos provenientes a la ley. Del 2013 al 2015, la entidad que vela por la seguridad social recibió más de ¢20.000 millones. Entre 2016 al 2018, ¢15.000 millones. Durante 2019 y 2020, ¢10.000 millones. Y entre 2021 y 2023, ¢3.000 millones.

Azúa señaló una reducción global del 69% de los ingresos percibidos, por lo que se prevé una afectación importante en la atención y el abordaje de los proyectos y programas que se financian con estos recursos.

Puntualizó que esto puede derivar en una limitación de la capacidad de la institución para brindar atención médica de calidad a quienes la necesiten.

Se estima, además, un aumento de la carga financiera para el Seguro de Salud en general, si se considera la demanda de las atenciones médicas que tiene la institución y lo limitado de sus propios recursos.