Por Susana Peña Nassar |21 de septiembre de 2015, 16:10 PM

Mientras ciudadanos enfrentan a cazadores de animales, las autoridades de ambiente reconocen la dificultad para frenar la actividad ilegal.

Se trata de una actividad casi tan difícil de controlar como el tráfico de drogas y de armas.

Por eso buscan el apoyo de la policía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Aun así, desde que se aprobó la Ley de Vida Silvestre, las acciones aumentan, se han recibido 777 quejas y 158 casos se han llevado a los tribunales.

Cazar animales silvestres en peligro de extinción dentro de zonas protegidas es sancionado con una pena de cárcel de hasta tres años.