Costa Rica pide a Venezuela garantizar participación de opositora en elecciones

El Gobierno de la República abogó porque se permita la participación de la opositora venezolana María Corina Machado en las elecciones que se celebrarán este año en la nación sudamericana.

Lo anterior luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, inhabilitara el viernes pasado a la ganadora de los comicios primarios. En la práctica, el fallo judicial hace inelegible a la exdiputada (2011-2014) para participar en votaciones por los próximos 15 años; aunque Machado se negó el lunes a renunciar a su candidatura.

"Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), reiteran su rechazo a esta medida que atenta contra la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos.

"La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada, y se debe asegurar la participación de la persona electa por la mayoría de sus ciudadanos en las primarias del 22 de octubre de 2023", se desprende de un pronuniciamiento circulado la noche del lunes.

La fundadora del Partido Vente Venezuela arrasó en las primarias con el 92% del escrutinio, equivalente al voto de casi tres millones de personas.

"Represento a esa mayor soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí", sentenció el lunes ante sus seguidores, al tiempo que descartó designar a un sustituto.

En el comunicado conjunto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) manifestó, además, su rechazo a la inhabilitación de 15 años impuesta al también opositor Henrique Capriles.

"A la vez, se insta al gobierno venezolano a cumplir con sus obligaciones derivadas de la Carta Democrática Interamericana, y a actuar en línea con los objetivos del Acuerdo de Barbados (sobre los derechos políticos de los venezolanos), revirtiendo la proscripción de candidatos.

"Costa Rica, Ecuador y República Dominicana hacen un llamado enfático para que el gobierno venezolano garantice elecciones libres, transparentes y participativas, con supervisión de organismos internacionales, sin exclusión de candidatos opositores y en un clima de paz, libre de represalias", continúa la nota.

Recién el lunes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que reimpuso sanciones a la estatal Minerven después del fallo.

Esto al dar hasta el 13 de febrero próximo para "liquidar cualquier transacción" pendiente con la empresa minera de oro.

"Tenemos opciones"

El Tribunal Supremo tomó la decisión dentro de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos para que los candidatos inhabilitados pudieran impugnar la sanción, en medio de los acuerdos suscritos en Barbados, por gobierno y oposición, en un proceso de negociación que media Noruega.

Esos acuerdos incluyen, además, la celebración de las elecciones presidenciales en el segundo semestre del año —aun sin fecha— con observación de la Unión Europa (UE) y otros actores.

El presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, aparece como candidato natural a la reelección.

Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo en contra de sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial "definitivamente firme" impide aspirar a la Presidencia.

Tras la decisión de la justicia, Estados Unidos indicó este lunes que analiza reinstaurar sanciones.

"Tenemos opciones con respecto a sanciones", dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, que recordó que en abril vence un levantamiento parcial del embargo de Estados Unidos al petróleo, gas y oro de Venezuela.

La Unión Europea, por su parte, se mostró igualmente "muy preocupada" por la decisión de la máxima corte, que "impide que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales" y no hace, sino, "socavar la democracia y el Estado de Derecho".

"Embajadora alterna"

Machado fue inhabilitada por un año en 2015 por asistir como "embajadora alterna" de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían "la salida" de Nicolás Maduro y dejaron 40 muertos.

Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña en primarias.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo validó los argumentos de la Contraloría para sancionar a la política liberal de 56 años por ser "partícipe de la trama de corrupción", vinculada al dirigente Juan Guaidó, reconocido como presidente por Estados Unidos entre 2019 y 2023 con manejo de recursos bloqueados en el exterior.

Machado, que niega las acusaciones, sostiene además que "nunca" fue notificada del acto administrativo y no pudo defenderse.

La delegación opositora en la mesa de negociación exigió el sábado que la decisión fuera revertida, y adelantó que denunciaría la situación ante Noruega, así como ante gobiernos involucrados en el proceso de diálogo.

Desde la otra acera, el chavismo pasó la página sobre el rostro más visible de la oposición en la actualidad.

"Esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme, ¡listo!", afirmó el presidente el lunes durante su programa semanal Con Maduro.

"Fueron un grupo, creo que nueve dirigentes opositores con problemas de inhabilitación (…) metieron sus recursos, libre y voluntariamente, nadie los obligó, yo no obligué a ninguno de ellos a ir a la sala", subrayó el mandatario, al recordar que la revisión de las inhabilitaciones se derivó del Acuerdo de Barbados.

El importante dirigente chavista, Diosdado Cabello, garantizó el lunes "elecciones libres, transparentes, creíbles, universales, directas y secretas, sin la presencia de los Estados Unidos, sin la presencia de la Organización de Estados Americanos".

El diálogo entre el gobierno y la oposición comenzó en agosto de 2021 y fue paralizado en dos oportunidades, antes de la firma del Acuerdo en Barbados. Ninguna de las partes ha expresado intención de levantarse de la mesa por ahora.