Por Deutsche Welle |3 de enero de 2025, 17:00 PM

Saúl, Josué, Ismael y Steven eran sus nombres. El más grande tenía 15 años, el más pequeño, apenas 11. Volvían a sus casas luego de jugar al fútbol en la canchita del barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, como tantas otras veces felices. Pero ese día, el pasado 8 de diciembre, nunca llegaron a destino.

Hoy se sabe que 16 militares los aprehendieron. También, que fueron vejados y torturados. Sus cuerpos, calcinados, aparecieron flotando en el río el 24 de diciembre.

Desesperación, rabia, dolor infinito se vivió en sus familias y su comunidad, y mucho más allá. También preguntas, deseo de justicia y de que no pase nunca más.

"Regresa, tenemos que jugar”, clamaba uno de sus amiguitos durante el sepelio, el pasado miércoles.

"Tienen que explicarnos qué pasó con nuestros niños”, pedían, en tanto, desde la familia.

Las responsabilidades

"Jurídicamente aquí hay una desaparición forzada”, asegura en entrevista con DW Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador. "Porque hay una detención ilegal y hay una incomunicación de cuatro niños por parte de agentes del Estado”, explica.

Efectivamente, por la desaparición forzada se les han formulado cargos y se les ha dispuesto la prisión preventiva a los 16 militares involucrados.

"Las investigaciones tendrán que revelar si fueron los 16 militares quienes quemaron, torturaron y tiraron al río a los niños”, indica el letrado. "Lo más probable es que se inicie una investigación aparte por ejecución extrajudicial”, puntualiza.

Hay quienes, incluso, van mas allá: "Estos asesinatos tienen cada vez más el perfil de un crimen de Estado, en el que están como responsables directos las patrullas”, asegura a DW, por su parte, Franklin Ramírez Gallegos, profesor investigador del programa de Sociología política de FLACSO en Ecuador.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad para que este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato”, difundió, por su parte, el Ministerio de Defensa en un comunicado.

"Estamos del lado de la justicia. Haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie", aseguró, asimismo, el primer mandatario ecuatoriano en declaraciones radiales.

Además, indicó que ha sugerido a una comisión "que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales".

Ahora bien, ¿cómo puede suceder algo así?

"No es un hecho aislado ni espontaneo”, asegura Bastías. "No es aislado porque hay una sistematización de patrones de graves violaciones a los derechos humanos”, indica. "En la provincia de Los Ríos ya tenemos registrados 7 casos de desapariciones forzadas”, apunta. "Y no es espontáneo porque hay una orden, una responsabilidad política, en la movilización sin control para tareas de seguridad ciudadana”, completa.

Las causas

"La causa de estos hechos es la militarización de la seguridad ciudadana”, asegura, asimismo, el abogado. "Eso es lo que tiene que corregirse”, analiza.

En este sentido, la declaración por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de la "existencia de conflicto armado” en el país, movilizando a las Fuerzas Armadas a escala nacional, mediante el decreto del 9 de enero de 2024, es señalada por las organizaciones de derechos humanos, intelectuales y activistas, como uno de los principales antecedentes en la génesis de los hechos ocurridos.

"Los cuatro niños de Malvinas son el rostro de las desapariciones forzadas resultado de la política ejecutiva de seguridad”, atribuyen responsabilidades en un pronunciamiento conjunto numerosas organizaciones de derechos humanos del país.

"El decreto de 'guerra interna' de Noboa supuso un momento de legitimación de la estrategia de militarización de la seguridad pública”, evalúa, en el mismo sentido, Ramírez Gallegos.

Según el profesor, sin embargo, también habría habido cierta legitimación social de estas prácticas: "La sociedad aceptó de algún modo esta estrategia de guerra, bukelizada, de punitivismo, de mano dura”, revela.

"Esta estrategia vino de la mano de una lógica de criminalización de la pobreza y de perfilamiento racial, mediante el cual se da una asociación del color de piel con la peligrosidad y la criminalidad”, agrega, crítico.

¿Sálvese quien pueda?

"En el Ecuador estamos en medio de un sálvese quien pueda”, grafica, a su turno, la politóloga y analista de seguridad Carolina Andrade, en entrevista con DW, desde Guayaquil. "La gente ya no cree en el Estado, porque ha sido desmantelado durante los últimos años, y lo último que queda es la fuerza pública”, indica.

En este marco, "no hay un control directo político-civil por parte de las autoridades hacia la fuerza pública, ni militar ni policial”, sostiene, y también correlaciona con lo ocurrido.

De aquí en más

"Vamos a empezar en pocos días (N.d.l.R: 5 de enero) una campaña electoral, y se van a poner justamente en disputa dos tipos de modelos: uno que promueve el continuar con el conflicto armado interno, con la vulneración de derechos, con no invertir en lo social, y otros que proponen alternativas más integrales basadas en la construcción de paz”, define Andrade, integrante de la Red de Politólogas "No sin mujeres”.

"Es importante que se plantee una depuración y un fortalecimiento del sistema de justicia. Y recuperar el mando civil de la fuerza pública para fortalecer los controles internos y la transparencia", concluye.

Las familias de los niños de Guayaquil aguardan.