Nuevo requisito dejaría sin empleo a miles de guardas de seguridad privada, dice asociación

Atrasos en la emisión de un nuevo requisito que deberán de aportar los guardas de seguridad privada del país, en la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad, dejaría sin empleo a miles de oficiales.

Así lo confirmó Cesar Tapia, director Ejecutivo de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines (ACES), quien además señaló que a finales de setiembre entre 3.000 y 4.000 personas quedarían sin trabajo al no poder renovar su carné de servicio.

“La Dirección de Servicios de Seguridad Privada había comunicado de manera oficial que a partir del 1° de julio va a exigir lo que se llama el 'Consentimiento Informado', por lo que de ahora en adelante todos los oficiales privados deben de llenar un formulario en el cual se indica que se permite y autoriza que las bases de datos a nombre del interesado puedan ser accedidos por parte de dicha dirección.

“Esto ocurre en muchas instituciones como Migración, entidades financieras, entre otras, pero resulta que a partir de julio empezamos a sentir un embotellamiento por parte de la Dirección de Servicios debido a la cantidad de trámites que ya hay que hacer y nos damos cuenta de que Seguridad Pública no tiene el personal necesario para poder atender todos los trámites de nuestros afiliados”, comentó Tapia.

La asociación explicó que cada semana alrededor de 50 oficiales de seguridad están llenando el formulario de 'Consentimiento Informado' porque necesitan renovar el carné, sin embargo, muchos son devueltos porque escribieron mal el número de cédula, la firma o la dirección dónde viven y, a la hora de que envían el documento corregido, los funcionarios tardan hasta semanas en responder la rectificación.

“Este tipo de cosas está generando todavía más rechazos a la hora de solicitar carné y actualmente hay un embotellamiento grande y las empresas de seguridad afiliada se ven afectadas, ya que las personas, si no tienen el carné al día o los permisos, no pueden trabajar. Lo grave de esto es que la Dirección de Servicios de Seguridad Privada (DSSP) no tiene personal para poder atender con prontitud las solicitudes.

“Nosotros ya nos reunimos con el viceministro de Seguridad (Agustín Barquero), con el departamento legal (del Ministerio), y también le enviamos una carta al ministro de Seguridad, Mario Zamora, (de la cual este medio tiene copia) solicitándole una prórroga de seis meses, como mínimo, para que nos dé, a ambas partes, el tiempo necesario de evacuar la acumulación de documentos en la DSSP; sin embargo, no hemos obtenido respuesta y ya muchos compañeros se están viendo afectados”, manifestó Tapia.

Ante la consulta de Teletica.com a Seguridad Pública sobre lo que expone ACES, manifestaron lo siguiente a través de su oficina de prensa:

“Los trámites de carné, según el plazo de la Ley 8395, es de 30 días hábiles aproximadamente, o 45 días naturales, si se cumple con toda la documentación completa y adecuada. Sin embargo, el promedio actual de respuesta es de 10 días. Por lo tanto, no es cierto que existan dichos atrasos. También es importante señalar que estamos abiertos a recibir todos y cada uno de los casos que se hace mención, pese a que en la actualidad no hemos recibido solicitud relacionada”.

La asociación es clara y señala que la gran cantidad de formularios a llenar por 'Consentimiento Informado' que ingresan a la DSSP, desde las empresas y personas físicas registradas en Control PAS, están causando un cuello de botella en las oficinas que deben dar el visto bueno.

Además, indica que la acumulación de trámites está afectando también los presentados ante Armas y Explosivos, que, aunque no depende del mismo despacho, es requisito previo para proceder con el carné de portación de armas.

“Esta situación no solo afectaría a los agentes del servicio de seguridad privada; afectaría también a las empresas y su responsabilidad contractual con sus clientes”, finalizó Tapia.