Por Luis Jiménez |22 de octubre de 2021, 14:08 PM

La Fiscalía Anticorrupción pidió ocho meses más de prisión preventiva contra Mélida Solís, dueña de la empresa constructora H. Solís, y contra Carlos Cerdas, dueño de MECO.

El lunes anterior inició la audiencia contra los investigados por el caso conocido como “Cochinilla” y se espera que esa diligencia finalice hoy.

“La Fiscalía solicita que se prorroguen todas las medidas cautelares, incluyendo las de prisión preventiva, por un plazo de ocho meses”, dijo el Ministerio Público.

La solicitud de prórroga de medidas es contra 15 personas, a quienes les habían dictado medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación. Sin embargo, el caso "Cochinilla", en general, vincula a unas 75. 

Erick Gatgens, uno de los abogados de Mélida Solís, confirmó a Teletica.com que la defensa solicitó que se llevara a audiencia a Randall Castillo Hernández, perito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien fue el encargado de elaborar el informe que constituye, según él, un elemento fundamental utilizado por el Ministerio Público, en su momento, y la adjudicatura para pedir la detención y ordenar la prisión contra su cliente.

“Este jueves declaró el perito del OIJ, el cual reveló y no logró determinar, en las conclusiones de ese informe, que de esos 78 mil millones de colones que menciona, que son déficits presupuestarios del Conavi en años anteriores, no equivale en modo alguno el daño causado al Estado por parte de H. Solís.

“A estas alturas no pudo definir el monto de beneficio que recibió H. Solís y esto nos deja ver que la detención contra Mélida es arbitraria y no se justifica que siga en prisión preventiva”, comentó Gatgens.

Para el abogado, la jueza debe de tomar en cuenta el tema de salud de la detenida porque, según dice, se ha agravado.

“La audiencia terminaría hoy y, probablemente, entre lunes y martes de la próxima semana la señora jueza nos indicará si resuelve de manera escrita o verbal. Sin embargo, las declaraciones del perito del OIJ son contundentes, categóricas y existen múltiples medidas cautelares en sustitución de la prisión que se deben evaluar”, agregó Erick Gatgens.  

Por este caso, las autoridades investigan los presuntos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor en modalidad de cohecho propio, falsificación de documento privado, estafa y falsificación de registros contables.

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