¿Con toda la delincuencia que vive el país, se debe juzgar por igual a adolescentes y adultos?
El crimen organizado busca a personas cada vez más jóvenes porque sabe que no se les juzga ni castiga. De hecho, el 95% de los menores que llegan a un juzgado están ligados a delitos por narcotráfico.
Marianella Corrales, jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia en materia juvenil, considera que el sistema debe de agotar todos los recursos para reinsertar de nuevo en la sociedad a los menores que cometen delitos en Costa Rica.
Además, considera que se debe reaccionar al delito de una forma diferente; si la prisión es la pena ideal y partiendo de que la cárcel funcione, cuando se está en un caso con una persona menor, no se puede asumir que la cárcel es la única sanción.
“Toda decisión frente a un menor debe obligar, aun siendo sancionatoria, pensar en cómo se puede sacar de dónde está y cómo desarrollarse integralmente con un mejor futuro. Ningún niño nace con la intención de ser un delincuente, son víctimas de la sociedad. El Derecho Penal debe servir para darle a la persona herramientas para reinsertarse en la sociedad.
“El adolescente está en proceso de formación, no se puede renunciar a la capacidad integral y a la esperanza de transformar una persona menor de edad. La neurociencia dice que el adolescente está en desarrollo y se puede rescatar, con las herramientas adecuadas, de la criminalidad”, expresó Corrales.
Este miércoles, la jueza Marianella Corrales, junto con Rafael Segura, magistrado de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera), conversaron con periodistas de diferentes medios de comunicación y respondieron preguntas sobre la justicia penal en menores y adultos.
Durante la exposición coincidieron en que cuando un menor delinquió y llegó al sistema, es necesario insertarlo de nuevo en la sociedad, y cuando la escuela y la familia funcionan, la mayoría de las veces se puede evitar o sacar a un adolescente de la delincuencia.
“El mayor problema que hay en el país no es la pobreza, es la negligencia institucional y familiar. De la población menor de edad que llega a los juzgados, más del 95% de los delitos están vinculadas con drogas. El delito en la adolescencia es muy común, pero, si se aborda bien, pasan sin dejar mayor consecuencia.
“Cuando son conductas muy graves y se vuelven reiterativas, deben de abordarse no solo con privación de libertad, sino con la variedad de opciones que tiene la parte penal, como la ayuda que se recibe del IAFA y también el abordaje psicosocial. Siempre hay que garantizarle al menor que puede tener una vida alejada del delito y la obligación del Estado es esta”, comentó Corrales.
El magistrado Segura considera que llegar a juicio o a una condena debe ser la última de las sanciones, porque cuando se trata de un adolescente hay que abordar de inmediato los temas problemáticos antes de castigarlo, con tal de rescatarlo del crimen organizado.
El crimen organizado cada vez busca a personas más jóvenes, hasta de menos de 12 años, porque sabe que el sistema no los juzga ni los castiga.
Las sanciones en adultos son cárcel, arresto domiciliario y algunas accesorias, como la inhabilitación de ciertos beneficios que incluyen la conducción de vehículos o la obligación de firmar cada cierto tiempo en el juzgado.
Sin embargo, en el caso de los menores, las medidas son socioeducativas e incluyen órdenes de orientación y supervisión, atención psicológica, libertad asistida con terapias y la privativa de libertad es la última de las sanciones que valora un juez.
“Nuestro objetivo siempre es darles una oportunidad y hemos logrado que muchos muchachos estudien a través de la privación de libertad”, agregó la jueza Corrales.
