Por Juan José Herrera |31 de agosto de 2024, 8:00 AM

Esta semana, la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó, por unanimidad, un proyecto que permitiría a las personas trabajadoras que padecen una enfermedad grave, acceder a la totalidad de los recursos que tengan en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Se trata de una propuesta que presentaron a finales de 2020 los entonces diputados José María Villalta (Frente Amplio) y Eduardo Cruickshank (Restauración Nacional), preocupados por la “interpretación restrictiva” que se le estaba dando al artículo 22 de la Ley de Protección al Trabajador.

En ese numeral, modificado por el mismo Congreso, se incorporó un párrafo final que dice que “los afiliados y pensionados que enfrenten una enfermedad terminal, debidamente calificada por la CCSS, podrán optar por el retiro total de los recursos”.

El problema, según los exlegisladores, es que con esa redacción se dejó por fuera a personas con enfermedades potencialmente mortales que necesitan de esos recursos para pagar tratamientos médicos, y que eso es contrario al espíritu con la que la reforma fue aprobada.

Esa tesis fue acogida por la comisión, que si bien modificó el texto, avaló el fondo de la propuesta.

La iniciativa establece ahora que se permitirá el retiro total o en un plazo de hasta 60 meses a las personas trabajadoras que enfrenten una enfermedad terminal debidamente calificada por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Pero ahora, además, se permitirá en casos de que exista una enfermedad o accidente que genere alteraciones significativas en el estado de salud, ponga en alto riesgo de muerte a la persona y cuyo tratamiento tiene escasas posibilidades razonables de prologar su vida.

Esa calificación, igual que con la enfermedad terminal, deberá ser otorgada por las autoridades de la CCSS.

El problema con esa idea, según dice la superintendente de pensiones, Rocío Aguilar, es que la redacción actual podría abrir portillos para abusos en un sistema tan frágil como el del ROP.

"En la última reforma que se le había hecho a la ley, se había trabajado precisamente a partir de lo que habíamos conversado con la Sala Constitucional, pero después vinieron ya casos particulares: la gente encontró que recurriendo a la Sala podían ir incluso más allá de lo que era el concepto original.

"Y entonces lo que no queremos es caer de vuelta en eso. Obviamente este es un tema de carácter, aparte humanitario, técnico, que requiere una absoluta precisión para evitar que se convierta al final del día en un portillo que pueda poner en riesgo los temas de la prudencia financiera", dijo Aguilar.

El proyecto, en su redacción actual, deja a cargo de las autoridades de la CCSS la definición de esa enfermedad grave.

La SUPEN trabaja en una “redacción sustitutiva” que permita incluir criterios técnicos en la definición de “enfermedad grave”, de manera que esta sea lo menos subjetiva posible.

"Es importante definir con precisión los términos y condiciones de esta reforma para proteger la seguridad de los afiliados y la sostenibilidad del sistema, por eso estamos trabajando en lo que podría ser una redacción sustitutiva para presentársela a los diputados", finalizó Aguilar.

La propuesta será conocida próximamente en el Plenario Legislativo.

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