Proyecto para rebajar penas a personas en vulnerabilidad enfrenta férreo rechazo

El proyecto de ley que pretende reducir las penas de prisión a personas en condición de vulnerabilidad parece caminar cuesta arriba en el Congreso.

La propuesta del Frente Amplio, tramitada bajo el expediente 23.454, reforma la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, para crear condicionantes a los delitos que castiga.

Así, en lugar del castigo actual de entre 8 y 15 años de cárcel, se plantean penas de entre 3 y 8 años cuando el autor o partícipe no haya ejercido violencia sobre las personas, no fuere cometido con el uso de armas y se presente alguna de las siguientes condiciones: Tenga un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, se encuentre en condición de pobreza, sea jefatura de hogar en condición de vulnerabilidad, tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo y/o sea una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.

El problema, según expresaron diferentes diputados esta mañana en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, es que la reforma haría más atractivo el reclutamiento del narcotráfico a esas personas.

“Estamos generando un límite, adultos mayores que están en condición de pobreza y aparte de eso son los más vulnerables a entornos violentos, estarían siendo buscados y reclutados por las bandas narco con mucha más fuerza porque le van a decir usted que es adulto mayor usted no va a ir a la cárcel porque le van a dar una ejecución condicional de la pena, es primera vez y tranquilo, vaya y me pasa esos kilos de cocaína.

“Ese límite que se está generando está ampliando la base de un sector de la población que va a ser más atractivo para el reclutamiento narco, de igual manera a mujeres jefas de hogar, personas en pobreza, con trastornos por consumos. Estamos ampliándole la base al narco, la empleabilidad al narcotráfico”, cuestionó el liberal Gilberto Campo.

Otros fueron más tajantes y adelantaron que, independientemente de esta discusión, votarán en contra del expediente en Plenario.

“Nunca será un buen momento para un proyecto como este del Frente Amplio, pero si hay uno peor es este, con Costa Rica enfrentando su peor crisis de seguridad y nuestros jóvenes están siendo secuestrados por el sicariato

“No podemos ser suaves ni tolerantes con quienes participan en el narcotráfico en cualquiera de los niveles. Proyecto alcahueta y garantista que busca reducir las penas para quienes participan en el narcomenudeo y el microtráfico”, dijo Fabricio Alvarado (Nueva República).

Con idéntica postura se pronunció la oficialista Pilar Cisneros, quien también adelantó el voto negativo de su bancada en el Pleno.

Priscilla Vindas, principal firma del proyecto, insistió en que la propuesta de ninguna forma es un premio o un portillo a la impunidad, sino nada más un intento de llevar proporcionalidad a la norma.

“Aquí hay intervenciones que pueden ser muy bonitas para redes, pero es importante hablar con la verdad. Aquí no premiamos a nadie, no queremos que nadie quede impune, estamos hablando de personas que no hayan usado violencia, que no hayan utilizado un arma.

“Estamos perpetuando un ciclo de desigualdad y exclusión, de la señora jefa de hogar que la vamos a clavar en la cárcel 8 o 12 años, por eso hablamos de proporcionalidad, que tenga penas de 3 a 8 años, no estamos dándole un beneficio ad portas, se le está dando una pena proporcional a una persona en condición de vulnerabilidad”, afirmó Vindas.

La comisión tramitó esta mañana las 29 mociones de fondo presentadas en el primer día, ahora el texto volverá al Plenario para conocer si se presentarán nuevas mociones o si se puede iniciar con el trámite de su votación en primer debate.