Por Juan José Herrera |15 de agosto de 2023, 18:10 PM

Once diputados de Liberación Nacional presentaron este martes una consulta facultativa ante la Sala Constitucional para tratar de revertir la inminente aprobación del proyecto que permitiría las jornadas laborales de 12 horas en el país.

La consulta llega apenas horas después de que el Congreso votara en primer debate el expediente 21.182, que permitiría la instauración de jornadas flexibles de cuatro días de trabajo contra tres de descanso.

El documento, con firmas de Montserrat Ruiz, José Joaquín Hernández, Dinorah Barquero, Luis Fernando Mendoza, Sonia Rojas, Gilberth Jiménez, Óscar Izquierdo, Danny Vargas, Alejandra Larios, Paulina Ramírez y Geison Valverde, busca determinar de una vez por todas si la propuesta violenta o no la Constitución Política.

En ese sentido, pregunta expresamente si este provocaría vicios a los artículos 56 y 58 de la Carta Magna: el primero sobre la obligación del Estado a procurar un trabajo digno a los ciudadanos y el segundo que hace expresa la jornada ordinaria de 48 horas semanales y 36 en el caso de la nocturna.

“Las diputadas y los diputados consultantes argumentan que establecer jornadas de 12 horas diarias, como lo hace el texto aprobado en primer debate mediante supuestos abiertos e indeterminados, violenta la voluntad del constituyente para que la ley estableciera los casos de excepción muy calificados a las jornadas de ocho horas.

“De la misma forma, la consulta subraya los roces del proyecto de ley con el artículo 56 constitucional, cuyo fin primordial es la protección de las personas trabajadoras, por las consecuencias negativas que las jornadas de 12 horas diarias tendrán sobre la salud, vida familiar y bienestar de la población”, dice la consulta.

El Frente Amplio también anunció una consulta facultativa para este miércoles.

Precisamente fueron los seis frenteamplistas y esos 11 liberacionistas los que aportaron los 17 votos en contra que tuvo del debate de hoy.

Con estas consultas los magistrados tendrán hasta un mes para resolver, por lo que el trámite del expediente en el Congreso se congela mientras tanto.

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