Pese a advertencia de la Corte, diputados buscarán votos para aprobar reforma a prisión preventiva
El Plenario necesitará 38 votos para aprobar el proyecto que los magistrados calificaron como "riesgoso", "desmedido" y "arbitrario".
Pese al rechazo de una mayoría de los magistrados de la Corte Plena al proyecto que reforma la prisión preventiva en Costa Rica, los diputados buscarán los votos necesarios para aprobarla.
Las fracciones de Nueva República (6) y el Liberal Progresista (6) ya adelantaron que apoyarán el cuestionado proyecto de ley, mientras que el PUSC y el PLN analizan una postura en bloque sobre el tema.
La presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas (NR), insistió en que no solo su bancada va por ahí, sino que confía en que tienen los 38 votos necesarios para convertirla en ley.
“Este tema se discutió en las diferentes reuniones de fracción, todos conocen el proyecto, saben que es un clamor del Ministerio Público y todos estamos de acuerdo que el crimen organizado es un peligro trasnacional. Entonces confío en ese apoyo, asumo que tenemos los votos del PLN y ya sabemos por dónde andan los demás”, aseguró.
Gilberto Campos confirmó que los votos del Liberal están claros pese a lo dicho por la Corte, mientras que Horacio Alvarado (PUSC) y Dinorah Barquero (PLN) dejaron claro que la discusión sigue pendiente.
“A título personal le puedo que lo voy a apoyar. Este lunes tenemos reunión de fracción y lo que sé es que la decisión que tomemos será en bloque, porque en todos los demás de Seguridad así ha sido.
“Conozco la posición de los magistrados, pero sé que es una interpretación de algunos porque he conversado con otros, entonces vamos a analizar el tema”, dijo Alvarado.
Campos, por su parte, dijo tener claridad en las garantías que los magistrados buscan proteger, pero también aseguró que existe una necesidad de adaptarse a las nuevas realidades.
“No podemos obviar los derechos constitucionales que cobijan a cualquier indiciado, no podemos ignorar eso y tenemos que garantizarlo; sin embargo, estamos claros en que los tiempos actuales son otros y que ameritan un endurecimiento en las causales y las formas en que se aplican este tipo de mecanismos, que estamos claros son de último recurso”, afirmó el liberal.
Disputa
El proyecto de ley, presentado por el liberal Gilbert Jiménez e impulsado por la mesa de Seguridad de los poderes de la República, busca reformar el Código Procesal Penal para introducir el peligro a la comunidad como un condicionante del otorgamiento de la prisión preventiva en el país, así como hacerla obligatorio para delitos graves como crimen organizado, homicidios y otros.
Los magistrados, en un informe de mayoría, argumentaron que la ley actual ya prevé y cubre esas agravantes, pero que el “peligro a la comunidad” es un término “poroso” e indeterminado que complicaría la interpretación de los jueces, mientras que hacer su otorgamiento obligatorio eliminaría el análisis de los jueces y convertiría la Judicatura en un simple “verificador de condiciones”.
En su informe, la Corte señaló posibles vicios de Constitucionalidad y Convencionalidad, que dijeron podría derivar en condenas internacionales para el país por convertir la prisión preventiva en un castigo adelantado.
“Yo, a nivel personal, no le temo a la Convención (Derechos Humanos) ni la Constitución, si hay algún vicio, pues que lo declare la Sala, ahí se cubre la Convención. Lo correcto es explicar y no solo marginar y mantenernos en el campo de las garantías cuando perfectamente ese análisis puede pasar por nuestro tamiz”, aseguró la también exjueza Navas.
Al determinar que el proyecto afecta el funcionamiento de la Judicatura y, por lo tanto, del Poder Judicial, su aprobación requerirá mayoría calificada (38 votos mínimo), de ahí la importancia de que el Plenario se ponga de acuerdo.
El Ministerio Público, uno de los principales defensores de la propuesta, aseguró que se encuentra analizando la resolución de la Corte antes de hacer un pronunciamiento oficial.