“Peligroso”, “venta de humo” y “populista”: así critican expertos reforma a prisión preventiva

El proyecto que reforma el otorgamiento y las condicionantes de la prisión preventiva en Costa Rica es “peligroso”, “populista” y una “venta de humo”.

Así lo califican el director de la Defensa Pública del Poder Judicial, Juan Carlos Pérez, y el abogado penalista, Gerardo Huertas.

Los dos insistieron en que la propuesta, dictaminada este jueves por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de manera unánime, es irresponsable y, posiblemente, inconstitucional.

Pérez explicó que la prisión preventiva se ideó con dos fines puntuales: evitar la fuga de una persona sometida a un proceso, o bien la obstaculización de esta en el proceso.

“Establecer condiciones como los relacionados con el tema de seguridad, la protección ciudadana o la seguridad nacional, que se desprenden del proyecto dictaminado, son fines totalmente distintos y diferentes a los fines específicos que han sido admitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Es decir, ahora estamos incorporando fines que son absolutamente peligrosistas, que lo que encubren es una forma anticipada de una sanción penal, y eso no es razonable y no es proporcional”, cuestionó el jefe de la Defensa Pública.

Pérez aseguró que esos criterios “peligrosistas” son además populistas, pues no solucionan la problemática de criminalidad que enfrenta el país, sino que más bien alimentan una falsa impresión de que a través de esta reforma se va a generar mayor seguridad en los habitantes.

“Lo que parece ser es que se pretende dar una sensación de que con esto se va a solucionar un problema, pero a ver, creer y considerar que se valoren los fines de peligrosidad para la ciudadanía o para la Nación, como requisito, es algo que puede rozar con una eventual condena de la Corte Interamericana a nuestro país y podría ser hasta inconstitucional”, añadió.

Condena anticipada

El otro problema, según añade Huertas, es que el proyecto dictaminado cambia el artículo 239 del Código Procesal Penal para que en lugar de que diga que el juez podrá dictar presión preventiva, ahora diga ordenará, dejando prácticamente sin efecto su valoración.

“Básicamente están quitándole al juez la capacidad de valorar y están automatizando la prisión preventiva, para eso ni siquiera tendría que haber juez, es como si fuera una computadora que simplemente dicte que en casos que sean calificados como X delito tengan que ir directos a prisión de forma automática.

“Y eso es sumamente peligroso no solo por los abusos que se pueden cometer, porque recordemos que estas medidas se toman en una etapa donde la persona apenas se está investigando, no ha sido juzgada, sino porque además eso contraviene expresamente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dice claramente que la prisión preventiva no se puede usar como una pena anticipada”, criticó el abogado.

Para Huertas, la visión de la reforma de incluir el término “comunidad” como un sujeto a proteger es además demasiado abstracto.

“¿Quién es la comunidad? ¿Quién lo define? ¿Qué define esos parámetros? Y bajo esas frases tan abstractas podrían cometerse todo tipo de abusos en donde simplemente, por ejemplo, una causa que sea calificada como delincuencia organizada, que es una calificación preliminar, se asume en automático que hay un peligro para la comunidad.

“Imagínese que la estadística dice que el 40% de los imputados que son juzgados en nuestro proceso penal terminan siendo absueltos posteriormente. Imagínese que de esas personas juzgadas muchos puedan terminar siendo absueltos, pero después de haber pasado inclusive años en prisión preventiva por unas causales que se volvieron automáticas”, añadió.

Tanto Huertas como Pérez, insisten en que además esa propuesta no es la que solucionará la crisis actual de criminalidad y por eso mismo es irresponsable que se califique como la principal o estrella.

“Me parece sumamente irresponsable de parte de las autoridades, en cuenta el fiscal general, que se haya anunciado con bombos y platillos un proyecto que ellos tienen que saber que no solo no va a disminuir la delincuencia, porque encarcelar más no reduce la delincuencia.

“Se está cayendo en el populismo que se viene utilizando desde hace alrededor de 30 años, que cada vez que hay un alza en la delincuencia se proponen reformas para convertir el proceso penal en algo más represivo y por ahí no está la solución. Es una solución fácil para un acto simbólico, para decir ya aquí solucionamos, pero lo que se está haciendo es vender humo”, sentenció el abogado.

La propuesta, que fue celebrada por el Ejecutivo esta misma tarde, deberá ir ahora al Plenario para su discusión final; pero antes, irá a consulta de la Corte Suprema de Justicia.